El empresario José Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo que lo libera de toda responsabilidad por el delito de tortura presuntamente cometido contra la periodista Lydia Cacho. La defensora de derechos humanos y Artículo 19 informaron que el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo determinó que la aprehensión y tortura ejercida contra Cacho en diciembre de 2005 no tuvo relación con la publicación de su libro “Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”. Kamel Nacif interpuso un recurso de revisión después de que en abril el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo le negara el amparo, mismo que el pasado 15 de julio fue otorgado por el Tercer Tribunal. Artículo 19 y Lydia Cacho acusaron en un comunicado que los magistrados que valoraron el recurso de revisión hicieron un análisis profundamente sesgado de las conversaciones telefónicas entre Nacif y el exgobernador de Puebla, Mario Marín. "El Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar ‘un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)’, se trata de una afirmación vaga y genérica que en México es utilizada para identificar a una mujer. ‘Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo [Lydia]'”, criticaron. Así, las magistradas Selina Ahidé Avante Juárez y Graciela Bonilla González consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista y que la violencia de la que fue víctima se reduce a la responsabilidad de los dos policías que la detuvieron. Artículo 19 acusó que la sentencia denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales. Junto a Lydia Cacho la organización exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. Asimismo que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso contra los otros autores materiales e intelectuales. Con información de López-Dóriga Digital