Querella por falsificación de documentos en la compraventa de la nave industrial de Ricardo Anaya La venta de una nave industrial en 2016 se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya. Las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compró, después de que dos abogados revelaran a finales de enero que la compra se hizo a través de un esquema de lavado de dinero. La Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía mexicana, no ha logrado probar ni que el origen del dinero -53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares- sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él. Las críticas por supuesta corrupción, no obstante, golpean desde hace semanas al candidato de Por México al Frente, que denuncia un ataque orquestado por el presidente, Enrique Peña Nieto, para perjudicarle y un “uso faccioso” de las instituciones. Una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento accionarial en la empresa que compró la nave. El notario que supuestamente autorizó el cambio accionarial en la compañía, un político de un partido aliado histórico del PRI, aseguró la pasada semana ante la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación. La Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación a finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular, Raúl Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional. Fuentes oficiales confirman, no obstante, que las primeras indagatorias se realizaron desde la Secretaría de Hacienda a finales de 2016, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. El titular de Hacienda era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). La investigación de la Fiscalía incluye a los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, quienes solicitaron a la PGR someterse a la figura jurídica de “criterio de oportunidad”, por la cual pueden reconocer su participación en un acto ilícito, resarcir el daño y no ser juzgados. Galindo y Rodríguez, socios de varias de las empresas investigadas en la red, comparecieron el 26 y 29 de enero, respectivamente, ante la PGR. En sus declaraciones, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso EL PAÍS junto a decenas de documentos relacionados con la investigación, ambos detallaron el esquema con el que, supuestamente, hicieron llegar 2,9 millones de dólares a Manhattan Master Plan, la empresa que compró la nave industrial a Ricardo Anaya, a través de la compañía Juni Sierra, cuyo administrador único es el suegro del candidato. Tanto Galindo como Rodríguez señalan que fueron contratados por Manuel Barreiro, un empresario de Querétaro vinculado a Anaya. Según la declaración de Galindo, Barreiro les indicó que no quería que se le relacionase con el candidato, por lo que requería de sus servicios “con la finalidad de que perdieran el rastro del dinero, mediante una estructura financiera y corporativa que deberíamos diseñar”. Por su parte, Daniel Rodríguez, apuntó: “El propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juni Serra, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble”. De esta forma, prosigue, se lograría “hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa, esto, seguramente, por la gran relación de amistad que guardan Manuel Barreiro y Ricardo Anaya, desde hace muchos años”. Anaya rechaza las acusaciones Anaya asegura que no tiene nada que ver con el esquema de lavado de dinero. En su defensa, el candidato presidencial recalca que en el contrato de venta de la nave existe una cláusula, la número 20 por la que Manhattan Master Plan se compromete a que el dinero utilizado para la compra es de origen lícito: “Los recursos económicos que serán utilizados en la presente operación de compraventa, tienen una naturaleza lícita y no contravienen bajo ningún concepto las leyes aplicables en materia de recursos de procedencia ilícita y demás regulaciones legales aplicables relacionadas con dichas normas, comprometiéndose en sacar en paz y a salvo a la parte vendedora en caso de cualquier infracción de su parte a cualesquiera de los ordenamientos relativo a la procedencia de recursos y lavado de dinero”, asegura la cláusula. Sobre su relación con Barreiro, el candidato presidencial admite que lo conoce porque “era el directivo más alto del parque industrial [donde se encuentra la nave] y porque está casado con la hermana de un amigo muy cercano desde la Secundaria, Álvaro Ugalde”. “Lo ubico bien, pero mi relación no es tan directa, más bien es con Álvaro. Como empresario es alguien muy conocido en Querétaro”, asegura a este diario Anaya, quien rechaza considerar amigo a Barreiro. “A los amigos se les frecuenta. Por lo menos en el último año no recuerdo haberlo visto”, asegura. Anaya ha pedido a la PGR que aclare si le están investigando. No obstante, ante el incremento de las acusaciones contra él, el candidato decidió explicar en un vídeo, del pasado 21 de febrero, su versión de los hechos. En él señalaba que había vendido la bodega a Manhattan Master Plan y especifica que su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. “Cuando me dicen quién va a comprar y que es una empresa de Juan Carlos, me pareció la cosa más normal. Lo conozco, conozco a su suegro, a su esposa, es un arquitecto muy conocido. No somos amigos porque no somos de la misma generación ni del mismo grupo, pero es una persona a la que conozco bastante bien”, añade Anaya a este periódico. El candidato explica que estaba al tanto de la operación, pero que nunca tuvo trato personal con Reyes durante la venta. La operación de venta la llevó su suegro. La vinculación de Reyes con Manhattan Master Plan es parte de la investigación que adelanta la PGR. La empresa se constituyó en julio de 2016 expresamente para esta operación, según el relato de los abogados que colaboran con la justicia a cambio de beneficios. El pasado 16 de febrero, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) declaró como “empresa fantasma definitiva” a la compañía. En un primer momento, los socios eran Luis Alberto López y María Amada Ramírez Vega. Según Daniel Rodríguez, se trataba de hombres de confianza de Barreiro, que ejercían de prestanombres. López, de hecho, trabajaba como chófer del empresario queretano. Al considerar que no eran las personas indicadas para realizar esta operación, Rodríguez sugirió a Barreiro un cambio de dueños “para poner a alguien que tuviera congruencia”. Este propuso el nombre de Juan Carlos Reyes, hermano de Sergio Reyes, socio de Barreiro en varias empresas. El cambio societario se realizó de forma retroactiva. En su declaración ante la PGR, Daniel Rodríguez explica que elaboró “un acta de asamblea que tenía que ser con fecha anterior a la compra, que se materializó el 25 de agosto de 2016, por lo que la señalé con fecha del 11 de julio de 2016, en la cual Juan Carlos Reyes compraba una parte social con el valor del 99% del capital para que así diera la impresión de que él era el dueño desde antes de la compraventa”. Además, Rodríguez señala que elaboró un convenio de negocios, también con fecha anterior, en la cual se autorizaba a Luis Alberto López a celebrar la compraventa “para así darle sentido del por qué habría sido este el que había hecho tales actos cuando supuestamente ya era dueño Juan Carlos Reyes”. Dos personas denuncian falsificación de documentos

El operador de la red explicó en su declaración que pidió copias certificadas en una notaría de Zapopan, ciudad próxima a Guadalajara (Jalisco), con la que solían trabajar. Salvador Cosío, el notario que supuestamente firmó esos documentos, negó la pasada semana ante la PGR haberlo hecho. En su declaración Cosío asegura que no conoce a la persona de Manhattan Master Plan que solicitó el procedimiento ni al abogado al que los operadores recurrieron para el mismo y que, según el testimonio de Daniel Rodríguez, trabajaba en esa notaría. “No se trata de mi firma”, afirma Cosío, quien también señala que los documentos no contienen algunas características que acostumbra a tener su forma de proceder. Después de no reconocer su firma en tres documentos, Cosío formuló una querella por falsificación de los mismos. Pese a que su nombre ya había aparecido en una información de El Universal del pasado septiembre, el notario, hijo de un gobernador priista y que actualmente aspira a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde –aunque en este Estado no van en alianza, es un aliado histórico del PRI-, aseguró a este periódico que se había enterado de la anomalía recientemente. Cosío no es el único en poner en duda el traspaso de poderes. También la semana pasada, Humberto Hernández, esposo de María Amada Ramírez, la otra accionista original de Manhattan Master Plan, y que ha ejercido como contador de Barreiro, aseguró ante la PGR que nunca tuvieron constancia de la existencia de la compañía. Hernández declaró que se habían enterado por los medios de comunicación, por lo que asegura que todos los documentos con la firma de su mujer “son falsos”. Lo mismo ocurre, según su declaración ante la Fiscalía, con los de Juan Carlos Reyes. Este periódico trató de contactar en vano con Juan Carlos Reyes. Posteriormente, lo hizo con sus abogados –el mismo despacho que asesora a su hermano y a Manuel Barreiro-, pero prefirieron no posicionarse sobre el caso. Anaya admite que sabía del cambio accionarial, pero no las supuestas deficiencias: “Un cambio de acciones cualquiera lo habría podido saber porque si revisas el acta constitutiva original aparecen otros dos socios. Que yo me detuve en esa particularidad en aquel entonces, por supuesto que no, como no lo haría ninguna persona”, añade. El candidato presidencial asegura, no obstante, que desconocía las supuestas anomalías en el cambio accionarial y que, en cualquier caso, él “no tendría ninguna responsabilidad". El candidato de Por México al Frente, que aparece en segundo lugar en la mayoría de las encuestas –por detrás de Andrés Manuel López Obrador y por delante del candidato del PRI, José Antonio Meade- insiste en que no tiene “nada que esconder”. Anaya considera que todas las acusaciones sobre corrupción que se han lanzado en las últimas semanas sobre él en relación a la venta de la nave industrial son parte de una guerra sucia del Gobierno para tratar de torpedear el avance de su candidatura. “Lo que es clarísimo es el uso faccioso de las instituciones, por eso le insisto al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral”, asegura Anaya. -- El País