Después de la décimo segunda Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada este miércoles 30 de junio, el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García aclaró a algunos regidores que se oponen a que siga su curso la construcción del puente elevado Rocha Cordero, que de acuerdo a los planos del Registro Agrario Nacional (RAN), no se están afectando en absoluto tierras ejidales.

Afirmó categóricamente: “No existe ninguna violación a ninguna orden de suspensión de la obra, ni tampoco se está violentando el derecho de nadie, por lo tanto, nos asiste la razón jurídica”. Recordó a los ediles que, aunque el Ayuntamiento está ejecutando la obra, la dependencia estatal que liberó todos los procesos es la Junta Estatal de Caminos (JEC); además se tratan de obras con las que se atiende una demanda social urgente para modernizar la movilidad en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Instó a los miembros del Cabildo a dejar los temas políticos fuera de la mesa colegiada, y que conversen con los legisladores para que, en su carácter de regidores y síndicos, consigan toda la información que evidencia que no hay ninguna violación a ningún amparo.

Pérez García remarcó, que se tiene conocimiento de la creación de una Comisión en el seno el Poder Legislativo, y como Gobierno de esta Capital “seremos totalmente respetuosos y estaremos en comunicación para desahogar toda la información que sea necesaria porque sabemos que nos asiste la certeza legal”.

 “Estamos muy conscientes de lo que se está haciendo”, aclaró el secretario Pérez García, quien añadió que la responsabilidad de todos es trabajar por la ciudad y los habitantes, y remarcó que están a punto de terminar las obras del puente Rocha Cordero, con prolongación Río Españita, avenida Industrias y la Carretera 57, con la certeza de que las obras se realizan con total apego a derecho.

 Por su parte, la sindica Alicia Nayeli Vázquez Martínez explicó claramente el estado del proceso en el que el Juez de Distrito, de manera asentada con fecha 3 de agosto de 2020, determinó que para resolver el incidente planteado se debía practicar una pericial en materia topográfica, a fin de que se logre ubicar plenamente los polígonos que actualmente comprenden el ejido quejoso.

“Por lo que se solicitó el nombramiento del perito de las partes, es decir, se comprobará la propiedad o no de los ejidatarios de la demarcación, y a la fecha no hay ninguna instrucción del Juez que especifique la invasión de una propiedad ejidal”, concluyó.