Hace 8 meses se declaró la alerta de género para varios municipios de San Luis Potosí, pero en lugar de mejorar la estadística vamos de mal en peor. Y es que en lo que va del año suman al menos 9 presuntos feminicidios en la Zona Metropolitana, cuando deberían ir a la baja, gracias a las acciones de todos los niveles de gobierno. Pero la realidad es muy distinta, las autoridades estatales y municipales se han conformado con condenar la violencia y con señalar en medios de comunicación que existe una estrategia clara y que no cejan en su intento de controlar la ola de delitos, incluidos los de género. En el peor de los casos rápidamente salen a desmentir las publicaciones de redes sociales, cuando la estadística crece cada día. La rumorología no se combate diciendo que es mentira, se combate con hechos, con estadística dura que demuestre una baja considerable en los asesinatos de mujeres y en otro tipo de delitos. “Estamos para llorar”, esa es la realidad, aunque les duela a las autoridades. Si no, de que otra manera se explica usted que apenas hayan iniciado las mesas de trabajo del Instituto de las Mujeres, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Soledad de Graciano Sánchez. El IMES, que debería ser la instancia más interesada en que disminuyan los feminicidios, no ha reaccionado con la rapidez que se esperaba. Al parecer, a través de una unidad de violencia familiar y de género, se ha capacitado a los agentes e incluso se ha pedido a la Comisión Estatal de derechos Humanos para que apoye con la capacitación. El director de Seguridad Pública de Soledad también ve el tema con recelo, pues al preguntársele sobre la declaratoria dijo: “bueno somos 6 municipios, por ahí nos palomearon con esa situación, estamos trabajando, seguimos capacitando y en pláticas”. Como si quisiera deshacerse de la declaratoria, como si fuera un lastre. Lastre son los feminicidios en los que poco trabajan. Y como si todo esto no fuera suficiente, la primera evaluación sobre la declaratoria también se realizara 8 meses después de decretada. Desde que la declaratoria se decretó sabíamos que no era la solución a un problema tan complejo, pero esperábamos un mayor compromiso de parte de las autoridades, al menos para quitarse este “nombramiento indigno”. Porque en una entidad con alerta de género las cosas no andan bien.