Este día, la magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en su carácter de ciudadana, ingresó en el Congreso del Estado, una iniciativa que propone adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí en materia de justicia digital y un proyecto de decreto de Ley que establece las bases de operación de la justicia terapéutica. En el tema de justicia digital, se proponen reformas legales con el propósito de regular el funcionamiento de los sistemas de comunicación alternativos denominados “juicios en línea”, por medio del uso de tecnologías en la impartición de justicia estatal para garantizar la presencia virtual (a distancia, pero en tiempo real durante su desahogo) de los jueces, así como del resto de los intervinientes en audiencias, sesiones o cualquier diligencia judicial. Para ello, se incluyen nuevas atribuciones al Consejo de la Judicatura para emitir acuerdos generales para regular el uso de las tecnologías de la información y comunicación que permitan implementar las plataformas, sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para su modernización y adecuado funcionamiento en el ejercicio de la justicia digital, con el fin de que los justiciables tengan un acceso rápido y efectivo a la justicia. Por otra parte, en lo que respecta a la justicia terapéutica, la iniciativa legal contempla la aplicación de una alternativa dentro del sistema de justicia penal, encaminada sin distingo a cualquier persona que, reuniendo los requisitos jurídicos para tener derecho a medidas alternas a las sanciones, o bien, para celebrar acuerdos reparatorios o derecho a la suspensión condicional del proceso y, padeciendo un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, se haya identificado como factor de riesgo para la comisión de alguna conducta tipificada como delito de bajo impacto, a efecto de ser canalizada a un tratamiento de rehabilitación para asegurar su reinserción social. En nuestro país, actualmente la justicia terapéutica opera en los estados de Nuevo León, Morelos, Chihuahua, Durango, Chiapas, Puebla y Estado de México.