El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entregó este lunes a la Embajada de los Estados Unidos en México una nota diplomática respecto al operativo “Rápido y Furioso” que se llevó a cabo a finales de 2009. En un video, el canciller mexicano Marcelo Ebrard leyó la Nota Diplomática en la que se solicita a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), toda información con la que cuente para determinar los alcances que tuvo este operativo y si el entonces gobierno del presidente Felipe Calderón conocía de su implementación.

“Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad.

 “Si en cambio, resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio mexicano sin conocimiento del gobierno nacional y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México”, aseveró.

Se señala que a la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada debido a que la entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo. Sin embargo, se agrega en el documento, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, el Gobierno de Estados Unidos publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso. “A mayor abundamiento, la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo “Rápido y Furioso” en territorio mexicano solo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas”.

El secretario Ebrard Casaubón informa que la Fiscalía General de la República hizo llegar la solicitud a la ATF desde septiembre de 2019, ratificada el 20 de febrero de este año, para recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por “Rápido y Furioso”, la relación de las armas vinculadas al operativo recuperadas en México y aquellas sobre las cuales aún no se tiene registro de su recuperación.

El operativo “Rápido y Furioso” involucró el trasiego de más de dos mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. -- EXCÉLSIOR / ENRIQUE SÁNCHEZ

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