La prohibición en México de la subcontratación laboral u outsourcing entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del Gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos. Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12 por ciento su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)”, avisó la secretaria en redes sociales esta semana. Una reforma ‘antineoliberal’

El Gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar la subcontratación laboral, que considera herencia del “periodo neoliberal”. El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50 por ciento de costos. Aunque de la modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6 mil empresas de subcontratación evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año. Además, el outsourcing le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró su director, Zoé Robledo. Choque con los empresarios

La medida del Gobierno despertó choques iniciales con los empresarios, quienes en un inicio alertaron que la reforma arriesgaba millones de empleos en un momento en el que la crisis de COVID-19 había desaparecido más de 1 millón de puestos formales. Algunas cámaras empresariales llegaron a un acuerdo con el Gobierno en abril pasado y el Congreso concedió una prórroga de un mes para la fecha límite original, el 1 de agosto. Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56 por ciento de las compañías no han podido registrarse en el REPSE, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente. “Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre, dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal”, sostuvo en un comunicado. Empleo recuperado

Pese a las críticas, la secretaria del Trabajo ha defendido que “antes de lo pronosticado, México ya recuperó los empleos perdidos por la pandemia”. Mientras que el Banco de México (Banxico) elevó el martes su pronóstico de creación de empleos formales para 2021 a un rango de 640 mil a 840 mil nuevos puestos registrados en el IMSS, frente a una proyección anterior de 370 mil a 570 mil. Incluso, el BBVA compartió un análisis en el que aseveró que la “eliminación del outsourcing permite recuperar y superar niveles de empleo permanente previos a la pandemia”. “El salario nominal tuvo un crecimiento 7.5 por ciento año contra año y 0.5 por ciento mes contra mes (en julio), por lo tanto, los ajustes derivados por la eliminación del outsourcing hasta el momento no han tenido impacto negativo a nivel salarial en términos agregados”, aseguró. Con información de López Dóriga Digital / EFE