México debe seguir la tendencia que se está dando en algunos países de Europa de poner en discusión la creación de un impuesto digital, el cual trata de gravar a grandes tecnológicas como Facebook, Amazon, Google y Apple, indicaron expertos en el tema. En marzo del año pasado, la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta para gravar a los gigantes tecnológicos con un impuesto de 3% sobre los ingresos de determinadas actividades, como la publicidad o reventa de datos personales. La propuesta se da porque las empresas tecnológicas eluden los impuestos al dirigir sus beneficios a domicilios fiscales donde tributan a una menor tasa, por lo cual en los países donde generan sus ganancias no pagan impuestos. En septiembre, Javier Salinas Narváez, integrante del grupo parlamentario del PRD, presentó a la Cámara de Diputados la Iniciativa de la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, el cual, al igual que la propuesta de la CE, pretende gravar con una tasa de 3% los ingresos brutos de estas compañías por su prestación de servicios. “La propuesta es buena, pero desgraciadamente no está completa. Tenemos que hacer un análisis formal durante el 2019 para poder estar preparados para el 2020 y lograr lanzar un impuesto de esta naturaleza”, indicó Herbert Bettinger, experto fiscal. En este sentido, Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, refirió que uno de los problemas iniciales de la propuesta del PRD es que si bien tiene buenas intenciones, se copia casi por completo la regulación que quieren imponer en Europa, un país que es diferente en muchos sentidos a México. “El tema del impuesto digital proviene de un estudio que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2015, donde se detectó que algunas empresas no pagan los impuestos en el país donde generan las utilidades. Con el impuesto digital se busca recuperar un poco de ese dinero, por lo cual sí es importante analizarlo”, explicó. Ante la digitalización de la economía, los países miembros de la OCDE buscan llegar a un consenso para poder gravar a las grandes empresas tecnológicas. En este tenor, la OCDE ha identificado tres grandes retos en materia fiscal que han generado estas empresas. El primero de ellos fue que dichas empresas pueden tener actividad en diferentes países sin tener una presencia física. El segundo reto observado fue la dependencia de las compañías respecto a los activos intangibles, como la propiedad intelectual, y, por último, el uso de datos personales de los usuarios. Cuidar a los consumidores

Rodrigo Ramírez Venegas, presidente de la Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, precisó que de crear un impuesto de esta naturaleza se debe tener cuidado para que el gravamen no se vaya a pasar a los consumidores. “Creo que la intención es la correcta, porque si hay una generación de un ingreso, deberían pagar lo correspondiente de impuestos. La realidad es que no es suficiente el esfuerzo con esta iniciativa, porque al hablar de este impuesto digital, debería ser patrimonial, es decir, que lo pague la empresa; sin embargo, como lo quieren implementar en lo que se convertiría sería en un tipo de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El que realmente tendrá la repercusión de este pago de impuesto es la persona que contratará el servicio”, detalló. Recordó que la naturaleza del IEPS es desincentivar el uso de ciertos productos que son nocivos ya sea para la salud del contribuyente o para el medio ambiente. “Es el gran reto que se tiene, y no sólo en México. Diferentes gobiernos deben empezar a hacer un análisis a profundidad para que este gravamen no se convierte en un impuesto al consumo”, aseveró. En su momento, Luis Antonio González Flores, exadministrador central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos del Servicio de Administración Tributaria, indicó que no es necesario crear un nuevo impuesto para gravar las transacciones digitales, sino más bien cobrar de manera adecuada los ya existentes. --

EL ECONOMISTA