Este miércoles el gobernador Juan Manuel Carreras rendirá su segundo informe de gobierno en medio de críticas por la falta de resultados en varios temas, especialmente en seguridad, en calidad de obras públicas, pero sobre todo por ser una administración de desempeño “medio”. No está reprobada, pero tampoco destaca por sus resultados. También llega a su tercer año de gobierno con poco músculo. Una administración estatal se fortalece en la medida en que es capaz de poner orden, cuando los diferentes grupos sociales se “quieren salir del huacal”, cuando el Estado de Derecho no es capaz de conservarse. Y en la actual gestión de gobierno el control de conflictos sociales no ha sido muy exitoso. Como prueba irrefutable tenemos el conflicto entre Uber y el taxismo. La SCT se desentendió del problema desde el inicio y ahora, a pesar de existir una ley que regula el servicio de las plataformas de transporte privado, es letra muerta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se acordó de esta ley hasta el pasado mes de agosto, mientras se realizaba la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y esto a insistencia de los taxistas. Los taxistas argumentaban que Uber no podía operar en la Fenapo y se lanzaron a atacar a los operadores. Ciertamente su actuar no fue el adecuado, pero la realidad es que Uber no puede operar en San Luis hasta que no se registre. Es la SCT la que ha renunciado a su compromiso de hacer cumplir la ley y con su actuar ha puesto en riesgo a miles de usuarios. En otras palabras, el Estado ha renunciado a mantener el Estado de Derecho. Pero un asunto que es todavía más grave, tiene que ver con el combate a la corrupción. Aún recordamos el fuerte mensaje que lanzó Juan Manuel Carreras en su toma de protesta. Dijo que no solaparía actos de corrupción y que quien fuera responsable terminaría tras las rejas. Pero a dos años de distancia el panorama no parece muy alentador. El Sistema Anticorrupción no está en marcha, San Luis fue uno de los estados con desempeño medio en su implementación y ahora existe la posibilidad de que el Procurador se convierta en Fiscal General, a pesar del riesgo que esto implica para la impartición de justicia. La corrupción solo se puede combatir si estamos dispuestos a romper las inercias institucionales, pero poco se ha avanzado y el gobierno estatal no ha defendido como debiera su iniciativa, el proyecto más ambicioso del sexenio, según lo dio a entender el gobernador en su primer discurso. Le restan aún 4 años de trabajo. Suficientes para dar un golpe de timón, para recomponer el rumbo. Ciertamente hay resultados satisfactorios en materia de empleo, de inversión, a pesar de la salida de Ford, pero una administración estatal exitosa es aquella que entrega resultados en todos los rubros. Así lo exige la ciudadanía.