Cada mañana cientos, miles de padres y madres de familia dejamos a nuestras hijas e hijos en algún plantel educativo, sea de preescolar, primaria, secundaria, Bachillerato o Universidad, y nos vamos a cumplir con nuestras actividades laborales, nos vamos en paz pensando que estarán aprendiendo hechos nuevos, conductas, actitudes para que sean mejores personas en el futuro. Llegamos cada mañana a la escuela confiando en que estarán aprendiendo, disfrutando de su niñez, siendo felices, orientados por personal capacitado y sensible a la situaciones que presenta la infancia. Cuando no ocurre de este modo y por el contrario la población infantil es maltratada y violentada, nos están desbaratando una parte de nuestro futuro. Las niñas y los niños el grupo más vulnerable y susceptible de que sean lastimados y violentados tanto en el espacio público como en el espacio privado. Son los más afectados por las decisiones de las personas adultas. Que un profesor agreda física, emocional y sexualmente a sus alumnas y alumnos de primaria con acciones denigrantes, sexuadas, e incite a los alumnos varones a agredir a las alumnas, le hace merecedor no sólo de que se siga un trámite en el órgano de control interno de la autoridad educativa, sino que debe además seguirse con celeridad la denuncia penal en su contra. El profesor es una persona adulta que dirige, encausa y enseña a sus estudiantes con plena conciencia realiza actividades que deterioran la integridad de niños y niñas. El caso de la Recomendación 09/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en la que recomienda al Secretario de Educación de la entidad se apoye a las niñas y niños afectados  para que se les repare el daño y sean inscritos en el Registro Estatal de Víctimas y accedan al Fondo de Ayuda y Reparación, además de que se les otorguen apoyo para rehabilitación psicológica, que se colabore con el órgano de control interno y con el Ministerio Público; que se sancione a las personas que estuvieron involucradas y fueron omisas al no señalar estos hechos que ocurrieron desde octubre de 2015; además de que la planta docente reciba cursos de derechos humanos de la infancia. Los docentes per se deberían respirar derechos humanos, es decir que su actuación no fuera en sentido contrario al sano desarrollo de la infancia: Es increíble que un profesor abusara de espacio de poder que es el aula y de su nivel de jerarquía que es la “autoridad” frente al grupo, lleve a cabo acciones que trasgreden el principio del “interés superior del niño” y vulnere a quienes por su condición de infantes se encuentran en desventaja. Tenemos el ejemplo de la Recomendación citada cuyos hechos ocurrieron en una escuela primaria de la región altiplano, y el profesor golpeaba en los glúteos a quien no le supiera dar una respuesta a las preguntas que planteaba, en el caso de que las niñas se reusaran, él mismo las colocaba sobre sus piernas y les pasaba su mano por sus glúteos, en varias ocasiones el profesor orillaba a los niños a que fueran ellos los que pegaran a sus compañeras. En repetidas ocasiones se quedó a solas en el aula con una de las alumnas para darle el castigo de golpear sus glúteos o ponerla a barrer. Estas “dinámicas” implementadas por el profesor de sexto año de primaria fueron grabadas en un teléfono celular de uno de los alumnos y fue como se corroboró la información que las niñas dieron a sus madres. El profesor fue retirado del grupo, pidió permiso sin goce de sueldo y las autoridades de la escuela les pidieron a las madres de familia que ya no hicieran “escándalo”. Esta no debe ser la perspectiva de un director de plantel educativo, los niños y niñas deben ser atendidos en sus señalamientos, tratar de escándalo lo el trato denigrante de un docente hace ver que un curso o varios de derechos humanos no será suficiente. También de la escuela secundaria federal “Jaime Torres Bodet” ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, hace semanas fue difundido en redes sociales un video grabado por un alumno en el que avalado por las autoridades del plantel, un aparente profesor de educación física, que también es animador de tardeadas, incitó a un “concurso” de baile del género Reggaetón que también se le llama “perreo” a que un chico cargara a una chica e hiciera sentadillas, otra parte del concurso era que el chico fuera el tubo y la chica hiciera un baile sexuado. Las autoridades del plantel de secundaria que consintieron este tipo de actividades en aras de promover tardeadas, deben replantearse la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a una educación tal como señala la constitución en su Artículo Tercero, en el que el Estado debe fomentar las facultades del ser humano, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, entre otros. Niños y niñas deberán crecer en ambiente que propicié su sano desarrollo físico y emocional; al Estado le corresponde velar y hacer cumplir el principio de interés superior de la niñez garantizándole sus derechos, como son alimentación, salud, sano esparcimiento para su desarrollo integral y educación .