En los últimos ocho meses las estadísticas de muertes violentas de mujeres arroja que una mujer fue asesinada cada semana en San Luis Potosí; los feminicidio se han convertido en una constante que dejan como saldo la desolación e inseguridad para las mujeres, nos deja incertidumbres sobre la implementación de acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia, nos deja la duda sobre la efectividad de los trabajos realizados por parte de las autoridades estatales y municipales. Pero el saldo más delicado de los feminicidios es la carencia de respuesta para las víctimas indirectas que son los hijos de las mujeres asesinadas, las madres, los padres, los hermanos, las hermanas; la ayuda inmediata como parte de la respuesta que llevan a cabo las autoridades son sólo un curita para la herida tan grande que tienen las familias que han sufrido la pérdida de una mujer. La Alerta de Violencia de Género (AVG) está en estatus de #NoLaQuieroVer, así invisible, cómo sí al no ver el problema se resuelva con el tiempo, y al invisibilizarlo da la pauta a que el comportamiento de la violencia feminicida esté variando, han asesinado a mujeres en localidades que no fueron previstas por Gobernación, el vínculo se gesta por la ausencia de estrategias claras, unificadas entre todos los actores involucrados para dar respuesta a las denuncias de violencia familiar. Las más de 50 familias de las víctimas han esperado 14 meses a que se alcance la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y puedan establecer un plan de acción que dé cumplimiento a lo que solicita la AVG y que son acciones muy concretas y focalizadas en tres medidas: De Seguridad, de Prevención, y de Justicia y Reparación; además de visibilizar la violencia de Género y mensaje de cero tolerancia. Es decir, el Estado debe hacer una estrategia basada en los puntos que señala la Declaratoria, orientados por supuesto a elevarlos a política pública con el propósito de que no sean medidas emergentes sino continuas hasta generar un cambio en las mentalidades de la colectividad sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Los municipios se han hecho a un lado y sólo un alcalde atinó a salir a dar el pésame a los deudos de una de las víctimas, y son los ayuntamientos los que deben estar de la mano en esa coordinación con las autoridades estatales, teniendo como objetivo que se lleven a cabo acciones que efectivamente sean un apoyo y acompañamiento para las mujeres que viven violencia. Sería deleznable que utilicen recursos públicos con el pretexto de resolver la violencia contra las mujeres con proyectos que encarguen a empresas o incluso a asociaciones civiles que se presten a desviar recursos económicos a nombre de las mujeres. Los ayuntamientos pueden pedir asesoría del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que tienen estrategias ya diseñadas, sustentadas en políticas públicas. Por ejemplo en 2012 la CONAVIM apoyada en la experiencia de la sociedad civil organizada en materia de acompañamiento y apoyo a víctimas de violencia de género, diseñó una estrategia que denominó Redes Ciudadanas de Actuación en Detección, Apoyo y Referencia en Situaciones de Violencia y Empoderamiento de Mujeres. con el objetivo de lograr que la autogestión comunitaria para la construcción de mujeres empoderadas, y crear redes de apoyo en cada localidad, urbana o rural, y que desde la propia comunidad se hicieran acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta idea de las Redes comunitarias se da como generación espontánea de parte de las autoridades de gobiernos como Aguascalientes, Puebla y Estado de México, porque era una manera accesible de trabajar colaborativamente con la sociedad civil organizada, y que fuera desde el propio Estado como se implementara una acción gubernamental orientada a resolver la violencia contra las mujeres. Así pues en 2009 Aguascalientes se convierte en pionero en crear un Modelo de Redes Comunitarias con lo que denominó Modelo de redes comunitarias para la detección, apoyo y referencia de casos de violencia de género , y con un elemento adicional que era la canalización o referencia de los casos para una atención especializada. En 2012 y tomando como ejemplo el Modelo construido por CONAVIM, el gobierno de Puebla elabora el Modelo de redes municipales para el combate a la violencia comunitaria , estrategia que incluía una ruta crítica de atención, es decir ya un proceso que determinara que le correspondía a cada una de las instituciones para atender a las mujeres víctimas de violencia. Recientemente a principios del año, Toluca en el Estado de México, implementó el Plan de acción para la Red Comunitaria de Mujeres para la Prevención de la Violencia  con la idea central dada por CONAVIM en 2012 pero con esquemas de evaluación y medición de resultados, además con el soporte y apoyo de mecanismos digitales a través de internet. Y San Luis Potosí se suma a la lista de gobiernos municipales que se inclinan por la organización de redes comunitarias, con una estrategia que el gobierno de Ricardo Gallardo encargó a la asociación Civil Animos Novandi A.C , que tomó fielmente la estrategia de CONAVIM que se recoge en el documento Red Comunitaria de Mujeres por la Prevención de la Violencia . El pago económico por la elaboración e implementación de esta Red es información reservada, es importante que se despeje la posibilidad de que este proyecto se haya utilizado con fines electorales. Este ejemplo nos sirve para que los otros ayuntamientos que tienen AVG se asesoren con las instancias adecuadas antes de hacer pagos millonarios por proyectos que son acciones de política pública del gobierno federal, que el saldo para apoyar la erradicación de la violencia contra las mujeres no sea el desvió de recursos para favorecer amistades o grupos de origen partidista.