San Luis Potosí, México (20 junio 2019).- El  Juzgado Sexto de Distrito de San Luis Potosí, concedió el amparo promovido por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTGE) en contra de los artículos 51, 52, 53, 56 y 65 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de San Luis Potosí, reformados en 2016, impulsado por la dirigente Bernardina Lara Argüelles. Esto con la finalidad de evitar su aplicación a los elementos agremiados al sindicato y que se respete su puesto y área de adscripción. El articulo 51 refiere “Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales, percibirán las remuneraciones y prestaciones establecidas en el Tabulador de Puestos Operativos de Seguridad Pública aprobado en el Presupuesto de Egresos respectivo, así como las prestaciones de seguridad social y reconocimiento… Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar en dicha normatividad”. Por otro lado el artículo 52 señala “Los servidores públicos de confianza que presten sus servicios en las instituciones de seguridad pública y que no pertenezcan a los cuerpos de seguridad pública…se considerarán personal de seguridad pública, serán de libre designación y remoción, y estarán sujetos a las evaluaciones de certificación y control de confianza”. El artículo 53 hace referencia “Los efectos del nombramiento de los miembros de los cuerpos de seguridad se podrán dar por terminados, por no cumplir con los requisitos de permanencia, o por incurrir en alguna causa de responsabilidad”. Estos artículos hablan de la obligatoriedad de cumplir con las pruebas de control y confianza, y que de no ser así puede ser causa de baja o remoción del cargo, los artículos 56 y 65, incluidos también en el amparo prohíben la participación de los elementos en las agrupaciones sindicales, al conceder dicho amparo, estas disposiciones no se podrán aplicar a los trabajadores incluidos en el recurso legal, hasta una reforma a los artículos. Desde hace meses ha habido manifestaciones por parte elementos de Seguridad Pública, y Policía Ministerial, por reubicación de puestos, incumplimiento de prestaciones y pagos, así mismo los jefes de las corporaciones han señalado que se tiene hasta el mes de julio para que los elementos se desincorporen de las agrupaciones sindicales y que para recibir la homologación salarial deben cumplir con las pruebas de control y confianza.