Anualmente el sector salud gasta tres mil 800 millones de pesos en terapias de diálisis y hemodiálisis tan sólo en pacientes que requieren un trasplante de riñón, el principal órgano solicitado en el país, con una lista de espera de 13 mil 702 personas. El director general del Centro Nacional de Trasplantes, Salvador Aburto Morales, celebró la modificación a la ley que permite la donación automática de órganos, pues además de permitir una segunda oportunidad a los enfermos, reducirá los gastos al sector salud público. Hay un impacto económico muy importante al sistema nacional de salud. Si nosotros tenemos suficientes órganos, suficientes programas de trasplantes y si recuperamos a las personas, va a haber un ahorro”, destacó. El titular del centro de trasplantes en México rechazó que se obligue a las personas a donar, pues la ley marca la obligación de cada ciudadano de expresar su deseo de donar o no hacerlo. Yo creo que es muy importante que podamos entender que no es automática, que no es obligatoria, porque siempre va a haber una solicitud de apoyo y consentimiento”, dijo. De manera general, indicó que los pacientes que requieren un órgano para sobrevivir le cuestan al país entre 250 mil y 300 mil pesos en tratamientos anualmente. Aburto enfatizó que la población debe conocer que no todos los fallecidos son candidatos a ser donadores de órgano. Aquellos que hayan muerto por parada cardiaca o muerte súbita cardiaca, pueden conceder las córneas, tejido músculo-esquelético, pero para donar órganos se requiere de una persona que haya sufrido muerte encefálica. EL DEBATE La modificación a la donación de órganos despierta un debate sobre los requisitos para dar constancia de la voluntad de los mexicanos sobre sus cuerpos después de la muerte, así como la figura jurídica de un cadáver y el valor de la familia en la decisión del destino de los órganos de sus seres amados. Para el doctor Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, abogado especialista en bioética y derechos humanos en salud, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la actual ley de donación ya establece el carácter de donadores de los fallecidos, pero la mayor diferencia es quitarle el poder de determinación a las familias que se nieguen o acepten obsequiar los órganos. El abogado consideró que la propuesta beneficiará en varios escenarios. Aumentar la donación de órganos, permitir que se respete el deseo de los fallecidos de ser o no ser donantes, y que los mexicanos tomemos en serio la decisión de donar. En los hechos lo que pasaba es que la mayoría de la gente no nos declarábamos no donadores, no hacemos el señalamiento expreso de que no queremos donar, pero cuando vienen los fallecimientos es cuando se replantea a los familiares y muchos de ellos se oponen”, indicó. La única violación a los derechos humanos de las familias que prevé podría existir, radica en que los coordinadores de donación de órganos y tejidos de los hospitales certificados para la donación no informen a los familiares de los beneficios de la concesión o extraigan los órganos sin ninguna explicación. De acuerdo con el especialista, ocurre que en algunos casos las familias rechazaban el deseo final de sus familiares, por lo que esta modificación le da respaldo legal a los médicos para la extracción de los órganos. El especialista declaró que es necesario que aquellos que no quieran donar dejen constancia por escrito, una de las formas puede ser una voluntad anticipada en caso de estar hospitalizado, además de la creación de un registro nacional de los mexicanos. En muchas ocasiones los médicos sienten que van a ser sujetos de demandas, y no se sienten respaldados. En ese sentido sí es bueno que haya una ley que refuerce esto y que haga ver que no va haber ninguna responsabilidad para el médico porque cumplieron la voluntad de la persona”, enfatizó. El especialista en derechos de la salud enfatizó que jurídicamente el cadáver de una persona no es propiedad de nadie, sin embargo, la familia tiene el derecho de disponer de éste. Las modificaciones que hizo la comisión de Salud al Senado consistieron en que la donación “expresa” se tiene que realizar por escrito o medios electrónicos. La donación de órganos “presunta” se hará cuando se confirme la pérdida de la vida de la persona. En el dicho de que no exista una respuesta de aceptación o rechazo, se dispondrá de los órganos, siempre y cuando se respeten los derechos de las familias a decidir. Esta ley puede excluir a grupos religiosos e indígenas que no acepten la donación. -- DINERO EN IMAGEN