Cuatro implicados en el caso Iguala libraron las acusaciones en su contra porque un juez federal consideró que sus confesiones son inverosímiles y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) no ha demostrado que fueron obtenidas sin violencia física o moral. Además, indicó que las declaraciones de los cuatro imputados y de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, fueron incluidas en copias simples y no certificadas. El juez David Calderón Blanc dictó la libertad a Marco Antonio Ríos Berber "El Cuasi", Luis Alberto José Gaspar "El Tongo", Martín Alejandro Macedo Barrera "El Becerro" y Honorio Antúnez Osorio "El Patachín", acusados de delincuencia organizada y secuestro. De acuerdo con la sentencia, la PGR ni siquiera pudo probar que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron secuestrados en autobuses en las inmediaciones del Periférico de Iguala. "En relación con el contenido de la documental referida, no es factible concederle el valor probatorio (...) pues con ellas no se puede demostrar fehacientemente que los deposados contenidos se hayan emitido de manera voluntaria, sin coacción ni violencia física o moral; por el contrario, existen indicios de datos que las hacen inverosímiles", señala el auto de término de la causa penal 100/2014. Según el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, las pruebas agregadas a las confesiones no son suficientes para poder aseverar que los acusados estaban debidamente enterados del procedimiento y proceso. La PGR agregó la confesión de Casarrubias para incriminar a los 4 sospechosos, pero el juez la desechó porque estimó que fue obtenida mediante torturas. De acuerdo con fuentes federales, José Gaspar abandonó el penal federal de El Rincón, en Nayarit, mientras que los otros tres favorecidos con el fallo continúan presos, debido a que tienen pendientes otros juicios por delitos graves.

Falta de pruebas A criterio del juez, quitando las confesiones, no se presentaron en el expediente otras pruebas que permitan acreditar que el 26 de septiembre de 2014 los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad en la periferia de Iguala. No se trata tanto de que no existan las pruebas, sino de que el Ministerio Público no las incluyó en el caso particular contra los cuatro imputados. "No es posible tener por acreditadas el elemento conducta, pues para ello resultaba necesario justificar que el viernes 26 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 23:15 horas, en las inmediaciones del Periférico, colindando con la calle Álvarez en el Municipio de Iguala, Guerrero, en donde iban a bordo de dos o tres autobuses de dos empresas distintas, las 'víctimas directas' hubieran sido privadas de su libertad de ambulatoria". El juez Calderón Blanc, además, señaló que no es posible determinar si fue o no justificada la demora para poner a los acusados a disposición del Ministerio Público; sin embargo, afirma que hubo dilación y que cuando fueron arraigados ya había vencido el plazo legal de retención. Para unos, ese plazo había vencido 30 horas antes del arraigo y para otros 47 horas atrás. Los cuatro implicados fueron detenidos por la Policía de Guerrero el 3 de octubre de 2014 y fueron puestos a disposición de la PGR dos días después. La dependencia federal los arraigó hasta el 7 de octubre. "Así las cosas, estamos ante diversos supuestos en los cuales pudieron ser objeto de dilaciones desde su detención y de posibles vulneraciones a derechos humanos". "Puede presumirse flagrancia en su detención... sin embargo, para determinar lo anterior, se necesitan datos certeros, los cuales hasta este momento no obran en constancias ni han sido aportados por el órgano acusador", señala. -- Reforma