En la recta final de su campaña, la candidata del PRD al Senado de la República, Leonor Noyola Cervantes, asumió el compromiso de pugnar por apoyar a los hogares en condiciones de pobreza patrimonial ubicados en asentamientos irregulares, además de hacer efectivos los mecanismos para evitar que personas u organizaciones bajo una bandera “social” propicien invasiones a cambio de un beneficio económico. Señaló que es necesaria una revisión exhaustiva de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para determinar la creación de un nuevo marco jurídico que enfrente los retos y dificultades actuales en materia de planeación, desarrollo y ordenamiento. Refirió que otra de las aristas de esta problemática es la existencia de organizaciones o de personas que lucran con la necesidad de los que carecen de un lugar para vivir, por lo que también es importante revisar este aspecto y establecer los mecanismos para terminar de raíz con esta situación. La candidata se posiciona como la mejor opción para el Senado, al basar su campaña en propuestas y por la sencillez que le caracteriza en el contacto directo con la gente; en su visita a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez acompañó al candidato a la diputación federal por el II distrito electoral, Ricardo Gallardo Cardona, y al aspirante a la alcaldía, Gilberto Hernández Villafuerte, en la firma de compromisos notariados. Posteriormente, se trasladó a la colonia Rivas Guillén Norte, y resaltó la voluntad de los gobiernos gallardistas al transformar totalmente este sector. Recordó que esta colonia se asentó en terrenos irregulares, por lo que sus familias carecían de certeza jurídica de su patrimonio, además de que estaban en el completo olvido hasta la llegada de los gobiernos del PRD, que no sólo lograron escriturar miles de viviendas, sino que mejoraron la calidad de vida de las familias que eran excluidas de las oportunidades de desarrollo. Finalmente, asumió el compromiso de trabajar arduamente en este tema para apoyar a familias en todo el Estado que viven en asentamientos irregulares y, por otro lado, trabajar en leyes en la materia que establezcan mecanismos efectivos para desalentar invasiones de terrenos y que las familias puedan acceder a una vivienda digna.