El objetivo 11 de desarrollo sostenible y la Nueva Agenda Urbana señalan que debemos generar ciudades incluyentes, seguras, resilientes y sustentables.  Como parte de la inclusión está la dimensión social, que las personas puedan distribuirse en toda la ciudad independiente de su ingreso, condición social, física o género. La segregación, marginación y falta de atención a grupos vulnerables es una de las principales preocupaciones en las nuevas políticas urbanas. Las políticas sociales están enfocadas a proteger a los grupos mas vulnerables, sin embargo, las políticas urbanas son poco sensibles a estos. Las primeras están orientadas a establecer mecanismos de compensación como los apoyos económicos o en especie desde el gobierno, pero en la ciudad sólo existen criterios reglamentarios que hay que cumplir para “garantizar” el acceso universal. Sin poder tal vez especificar qué es el acceso universal, por el riesgo de sólo establecer sinónimos como el derecho para todos, o que todos tengan la posibilidad de acceder algún lugar, definitivamente que es un compromiso que no se ha enfrentado con suficiente responsabilidad en la ciudad. En otras palabras, la generación de rampas y la reserva del espacio no necesariamente hacen ciudades incluyentes. En las ciudades mexicanas se reportan varios incumplimientos en los BRT (Buses de Tránsito Rápido) para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Además, la intermodalidad o comunicación entre sistemas de accesibilidad es limitada por falta de elevadores.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) califica como un verdadero desafío trasladarse por la ciudad. Si todos nosotros tuviéramos que movernos en silla de ruedas o con objetos adicionales para mantener nuestra respiración, incluso si algún día nos vistiéramos diferente, prácticamente sería imposible desplazarnos en la ciudad.  La limitación no es por el espacio o las personas en condición de vulnerabilidad, la limitación es por nuestro respeto al derecho que tienen los demás para moverse. Por ejemplo, nuestra movilidad se limita por la altura de las banquetas, la falta o mala alineación de las rampas, el respeto para acceder a esas rampas, el mal estado del pavimento, porque el puente peatonal no cuente con elevadores, no hay iluminación, otras personas te ven diferente. La accesibilidad a un lugar es una condición de respeto, tolerancia y equidad, todos tenemos el mismo derecho a utilizar el espacio público. Es sumamente responsable que el IMPLAN, promueva la realización de talleres para discapacitados o comunidad LGBTTTIQ, con la finalidad de incorporar en el Plan de Ordenamiento del Territorio una visión de respeto, tolerancia y garantía de acceso al espacio público. El BID señala que ordenar los entornos urbanos es clave para promover la participación de personas con discapacidad. La mayoría de los países de América Latina se han esforzado para establecer el marco legal y normativo en materia de accesibilidad universal y diseño sólo para personas con discapacidad; sin embargo, parece que no están alineados a los criterios internacionales de diseño universal, de los derechos humanos o del respeto.  Así las cosas, nos hace falta soportar un enfoque de accesibilidad en el respeto a los derechos que tienen las personas de desplazarse libremente independiente de su condición social, física o genero, nos hace falta defender, promover y garantizar un Derecho a la Ciudad.

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