El tribunal del Vaticano inició ayer un juicio por malversación y lavado de dinero contra el exdirector del Instituto de Obras para la Religión (IOR), mejor conocido como el Banco del Vaticano. A la audiencia celebrada ayer asistió el funcionario, Angelo Caloia, de 78 años, mientras que su consejero jurídico, el abogado Gabrielle Liuzzo, de 94 años, acusado también en el caso, no asistió por razones de edad, indicó la Santa Sede en una nota de prensa. El presidente del tribunal fijó como fecha el 18 de mayo para que las partes involucradas presenten los documentos que consideren útiles para el juicio y sobre todo se reduzca la lista de más de 50 testigos presentada, entre ellos varios cardenales. Según el promotor de justicia o fiscal del Vaticano, el expresidente de la entidad y el abogado vendieron ilegalmente entre 2001 y 2008 “una parte considerable” de los inmuebles propiedad del Vaticano, operaciones que provocaron pérdidas que superan los 50 millones de euros. El caso fue descubierto en 2014, cuando fueron embargadas las cuentas bancarias de los dos acusados. Un tercer involucrado, el exgerente del Banco del Vaticano, Lelio Scaletti, falleció hace tres años. Se trata de un juicio inédito, ya que el Vaticano se ha constituido parte civil. El Banco del Vaticano, que en el pasado estuvo salpicado por escándalos de corrupción y lavado de dinero, está comprometido en una operación de limpieza y transparencia. Caloia, presidente del IOR de 1989 al 2009, es el mayor responsable económico de la Santa Sede que se somete a juicio. Según las acusaciones, 29 propiedades del Banco del Vaticano, administradas por la empresa inmobiliaria SGIR, fueron vendidas, lo que correspondía a 71% de su cartera inmobiliaria. El tribunal no fijó la fecha para la próxima audiencia. Fundado en 1942 por el papa Pío XII, con activos por más de cinco mil millones de euros, el Banco del Vaticano ha sido acusado de reciclaje de dineros sucios e inclusive de lavar dinero de la mafia así como de una gestión poco transparente de sus ganancias. Determinado a reformar la entidad bancaria desde que fue elegido papa en 2013, Francisco aprobó el cierre de unas cinco mil cuentas. -- EXCELSIOR