Desde la iniciativa privada se lanza un mensaje para unirse a los llamados “Guardianes de la Constitución”, una propuesta que busca garantizar los derechos de los ciudadanos plasmados en la carta Magna y evitar la aprobación y puesta en marcha de leyes que vulneren a la sociedad.

Varios han sido los casos que dan lugar a esta nueva vigilancia, hechos controversiales que no deberían tener lugar en un debate que, apegados a la ley y con la coherencia necesaria, hacen que las reformas propuestas en la Industria Eléctrica, de Hidrocarburos, de Telecomunicaciones y Radio, así como la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean muestra evidente de la necesidad de una señalización penosa en el asalto a la Constitución.

El encargo de guardar y hacer guardar la Constitución y las de leyes que de ella emanen no está a complacencias ni interpretaciones de nadie, hacerlo de esta forma abre una puerta peligrosa a criterios que pueden ir mucho más allá de una buena voluntad; la normatividad por la que nos regimos todos es un tema serio que puede encender mechas de muy corto trayecto, situaciones que no abonan a una democracia en proceso de consolidación.

No hay que mezclar temas que nada tengan que ver, tampoco es saludable tener unas mañaneras políticas que combinan el informe nacional con el más puro estilo de mitin político ( que cansado! ), buscando el debate y la controversia ante el enfrentamiento de posturas que bien se pueden solucionar desde la plataforma legal con la que cada área cuenta.

Aquel que se sentía perseguido, hostigado, presa de complots y víctima del sistema, se ha quitado la pena y ha pasado a la persecución política en contra de organizaciones civiles, de ha desatado desde un atril que cada vez tiene menos impacto. La estrategia gubernamental es fallida, el país tiene muchas áreas de oportunidad y, también hay que decirlo, aciertos significativos. Toda esta palabrería tiene un sentido mayor al ser promovida por una presidencia que, como primer requisito, debe estar a favor del cumplimiento legal.

Informar no es un delito, pero si representa una falta si se realiza de la manera en la que se está haciendo, a medias verdades y con una plataforma que no permite la respuesta. En el mediático caso de la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), los señalamientos hechos por el presidente asegurando nexos con algunos partidos políticos y financiamiento de Estados Unidos, deben esclarecerse, por el bien del país y por la responsabilidad del presidente. Cada vez que hace uso de la palabra AMLO, es evidente la voluntad mediática, el juego de ideas y el manejo de masas, un ejercicio dañino que puede costar caro.