El Infonavit detectó vicios en el modelo de negocio de desarrolladores de vivienda de interés social, ya que en un fraccionamiento colocaban el mismo modelo de vivienda con o sin subsidio pero con diferentes precios, señaló Carlos Martínez, director general del Instituto. El directivo del instituto consideró que esta estrategia generó una distorsión del mercado, ya que hay un desfase en la capacidad de compra de los trabajadores y los precios de la vivienda por el mismo subsidio. “La realidad es que el mercado se ajustó a un precio que resultaba de la capacidad máxima de un trabajador que gana un salario mínimo, 230 mil pesos, y los 80 mil pesos del subsidio; entonces, los precios se ajustaron a la alza y por eso en el mercado ya no hay unidades de menos de 290 mil pesos”, dijo en entrevista. Ahora que el Gobierno federal desapareció el programa Soluciones Habitacionales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los desarrolladores solicitaron un pronto aumento en la capacidad crediticia de los trabajadores que menos ganan, ya que de octubre del año pasado a la fecha, la vivienda de interés social tiene números rojos y hay miles de casas que no han sido vendidas. Sin embargo, Martínez refirió que de las 90 mil viviendas económicas, con un precio menor a 405 mil pesos, que hay en inventario, según datos del Registro Único de Vivienda (RUV), no todas están a la venta mediante el ahora extinto subsidio. “En las épocas en las que hubo subsidio, la mitad de las casas de un nivel salarial bajo venían con subsidio y la mitad sin la ayuda gubernamental”, apuntó. El director de la hipotecaria más grande de Latinoamérica señaló que es un error que los empresarios consideren el aumento en el monto máximo del crédito del derechohabiente como un paliativo o sustituto del subsidio que fue eliminado este año del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). “Este incremento debe verse como una responsabilidad que tiene el Instituto por los precios de la vivienda en el mercado y los montos en el cajón salarial”, dijo. En este sentido, Martínez adelantó que de haber un incremento en la capacidad hipotecaria de los derechohabientes, esta deberá ser aparejada con un aumento de 16.2 por ciento en el salario mínimo este año y esto se discutirá el 29 de mayo en el Consejo de Administración. --

EL FINANCIERO