Por su presunta colusión con el crimen organizado al cobrar cuotas a comerciantes, autoridades federales investigan en la frontera norte a 10 patentes aduanales dedicadas a trámites de importación temporal de mercancías. La mayoría de las investigadas tiene su sede en Chiapas, pero operan en la frontera de Tamaulipas a través de terceros, especialmente en Matamoros. Ahí dan servicios a comerciantes "transmigrantes", quienes trasladan desde EU vehículos usados y mercancías, como enseres domésticos de segunda mano, Centroamérica. Como publicó Grupo Reforma el pasado 20 de noviembre, el modo de operar de algunas de estas agencias aduanales es cobrar los trámites legales por importación de mercancías, y, también, una cuota adicional para el crimen organizado, que es de 300 dólares (unos 5 mil 700 pesos). Según una lista que parte de una investigación realizada por la PGR, entre las patentes investigadas están la 512, a nombre de Ulises Deschamps Díaz; la 3201, de Francisco Javier Hinojosa Gutiérrez, y la 3132, de Eduardo Sandoval y Olivera. También la 3053, a nombre de Antonio R. Carrillo Blancas, y la 3885 de René M. de la Garza. Así como la 3556, de Jorge Arnoldo de la Garza Aviña; la 3661, de Salvador Alonso Alverdi Carmona; la 3979, de Conde Abreu; la 3493, de Ernesto Durán, y la 3625, de Marbella Tamez Olvera. Esta última fue suspendida en sus operaciones el 1 de diciembre durante un operativo de la Marina y Fuerza Tamaulipas para evitar la extorsión a los transmigrantes. -- Reforma