El pasado fin de semana el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos emitió su Informe 2018 sobre Derechos Humanos; del mismo se desprende en el rubro de Libertad de Expresión que en México persiste la impunidad por la violencia contra periodistas. La censura y las amenazas se suma al hostigamiento e intimidación que en un alto porcentaje proviene de agentes estatales y municipales. Llama la atención el señalamiento de las autoridades norteamericanas, cuando son omisas para analizar la situación que se presenta en su país, el pasado mes de enero la Sociedad Interamericana de Prensa denunció la existencia de una lista secreta que integró la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) para vigilar a periodistas que cubren las caravanas de migrantes centroamericanos, por lo que solicitó al Gobierno Norteamericano una aclaración sobre esta política discriminatoria que restringe la labor periodística y coarta la libertad de prensa. La compilación de la lista se realizó con la colaboración de distintas dependencias del Gobierno Estadounidense incluyendo fotos de pasaportes y portadas de las redes sociales de dichos periodistas y Comunicadores. Es así como llegamos a la conclusión de que el buen juez por su casa debiera empezar; si bien es grave la situación que se vive en nuestro país para el ejercicio del periodismo, también debe ocuparnos lo que sucede en otros países y en particular hoy nos referimos a las prácticas de las autoridades estadounideneses.