Según reconoció el contralor general del estado Gabriel Rosillo Iglesias, los resolutivos de la justicia administrativa para determinar o no la asignación de sanciones a servidores públicos por casos de irregularidades o de corrupción, llegan a ser lentos y por lo tanto pueden tener a salvo sus derechos para volver a ser contratados en alguna dependencia pública. El tema se ha abordado en las reuniones nacionales tanto de los tribunales de justicia administrativa como de las Contralorías estatales, debido a la cadena de procedimientos burocráticos que deben alcanzarse para dejar en fijo una sanción a los malos funcionarios, porque ha sido un reclamo general. “Es uno de los reclamos que hay por parte de todos los tribunales y gobiernos estatales, que el nuevo arreglo del procedimiento disciplinario administrativo al existir ahora una nueva autoridad de investigación y después una de substanciación y aun así todavía recurrir a los tribunales de justicia administrativa o incluso a los amparos, la justicia administrativa si puede aseverarse que se pueda volver más eficaz y garantista para los particulares trae como consecuencia más lentitud en el proceso” Rosillo Iglesias mencionó que también han tratado de impulsar reformas a la Ley de Responsabilidades de servidores Públicos para que se mas ágil este camino. Y es que mencionó que tampoco un Sistema Nacional Anticorrupción se ha podido pronunciar contra un castigo ejemplar hacia el funcionariado que incurrió en actos de corrupción; debido a que no ha funcionado el diseño institucional que se estableció ahora, “ha hecho que se dé más lento”, tal como lo expuso recientemente el titular de la Auditoría Superior de la Federación “- ¿y el estatal?- pues es una réplica del nacional”. En tanto la publicación de la lista de servidores públicos sancionados en la página de la Contraloría General del Estado puede consultarse de manera abierta, con actualización constante, para conocer si alguien está inhabilitado o con alguna sanción. Siempre y cuando los casos de procedimientos de responsabilidad queden firmes y que el Tribunal de Justicia Administrativa si hay un juicio de nulidad lo finiquite y genere una sentencia o en su caso el servidor público se haya inconformado tendrá que determinarse los amparos.