Los ejidatarios de diferentes comunidades de la Sierra de San Miguelito promoverán en los próximos días un amparo ante un juez de distrito en contra del decreto publicado el pasado 20 de septiembre para declarar más de 12 mil hectáreas de la Sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida Estatal, ya que consideran que se trata de un decreto “mocho”, que solo protege a una pequeña parte de la sierra, con el fin de mantener a salvo intereses de desarrolladores inmobiliarios. En una solicitud de información, respondida por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), se notifica que la Sierra de San Miguelito tiene una extensión de 63 mil 783.05 hectáreas, sin embargo, el decreto estatal protege solo a 12 mil hectáreas 613 áreas y 47 centiáreas, lo que significa apenas el 19.77 por ciento de la superficie total. Este es el argumento de los ejidatarios para ir en contra de dicho decreto.  Carlos Covarrubias Rendón, quien es asesor legal de ejidatarios de diferentes comunidades en la Sierra de San Miguelito, calificó a este decreto como “fraudulento, sesgado y tramposo”, ya que se dejan fuera del mismo áreas de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca, San Miguelito, Villa de Reyes y Villa de Arriaga, que son las más bellas en cuanto al paisaje natural, lo que permitirá que desarrolladoras inmobiliarias sigan construyendo en esas zonas.

Acusó también que un conjunto de empresarios desarrolladores están presionando al nuevo Cabildo capitalino y a su alcalde Xavier Nava Palacios, para que sean facilitadores de la construcción de estos desarrollos en la Sierra de San Miguelito; motivos por los cuales impugnarán el decreto ante un juez de distrito, para echarlo abajo. DECRETO AFECTA A EJIDATARIOS El artículo 13 del decreto publicado el pasado mes de septiembre restringe que en el área protegida se descarguen residuos sólidos o líquidos contaminantes, como insecticidas; tampoco se pueden modificar los cauces naturales de los cuerpos de agua, dañar especies silvestres, destruir sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de la vida silvestre, actividades que impliquen uso de fuego, cambiar uso de suelo, fundar nuevos centros de población, extraer materiales de construcción, usar altavoces y realizar obras. Estas restricciones afectan directamente a los propietarios de esas tierras, que en este caso son los ejidatarios, adicionalmente dichos ejidatarios ya no pueden vender sus terrenos a desarrolladores inmobiliarios para construcción de viviendas, lo cual, de acuerdo a la titular de la Segam, Yvett Salazar Torres, podría resultar un factor para que los ejidatarios se opongan al decreto emitido en el mes de septiembre. “Gobierno no ofrece dinero más que apoyos para poder vigilar y conservar el lugar, a diferencia de los grandes desarrolladores que llegan con recursos en la mano y que pues obviamente para algunos ejidatarios es más factible venderlo a conservar”. 

Carlos Covarrubias respondió a Salazar Torres, al señalar que lo que se ha estado promoviendo entre los ejidatarios es que no vendan sus terrenos a desarrolladores inmobiliarios, como una medida para evitar que estos grupos se apoderen de la zona y la sigan depredando; con lo que rechazó que su oposición al decreto tenga que ver con un interés económico por seguir vendiendo sus terrenos. El decreto protege un área conformada por ocho polígonos, que comprenden los ejidos de Bledos, Ignacio Allende, Puerto Espino, San José de la Purísima y el municipio de Mexquitic de Carmona. También señala que cualquier actividad que pretenda realizarse dentro del área natural protegida deberá contar con una autorización de impacto ambiental y deberá estar considerada dentro del Plan de Manejo del área.