Con el objetivo de dejar atrás una política social cara y poco eficientes, especialistas entregarán a la próxima Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, un diagnóstico del actual esquema de combate a la pobreza, así como una serie de recomendaciones para el diseño de una estrategia integral y con impacto en la reducción de esta condición. En el documento Hacia una Política Social Integral, Miguel Cejudo, Damián Lugo y Cynthia Michel, especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indican que la política social actualmente está fragmentada porque los programas que la conforman se duplican. Además, exponen, están dispersos y en algunos casos se empalman, lo que impide que sus recursos y esfuerzos se dirijan hacia un objetivo común. El reporte, que será entregado este miércoles, señala que actualmente existen 6 mil 489 programas sociales: 150 federales, 2 mil 528 estatales y 3 mil 811 municipales. El informe acusa que un gran número de ellos están mal diseñados, no se articulan entre sí y la información que generan --cuando lo hacen-- no permite transparentar sus apoyos ni conocer sus impactos. Además sus presupuestos son muy reducidos y su principal componente es la entrega de apoyos económicos, lo que deriva en la existencia de programas insuficientes. A la fecha, detalla el documento, alrededor del 80 por ciento de las intervenciones gubernamentales atienden a menos del 40 por ciento de la población en pobreza.  A nivel estatal el alcance es más limitado, ya que 69 por ciento tienen menos de 10 mil beneficiarios, y 13 por ciento cuenta con presupuestos menores a un millón de pesos. "La visión asistencialistas de la política social, la competencia por clientelas y la orientación de programas hacia la disminución de indicadores específicos como las carencias sociales, además de fragmentar la política social, han desviado el que debiera ser el propósito principal de la política: garantizar el goce de los derechos a todas las personas", advierte el informe. Ante ello, los especialistas proponen rediseñar los programas sociales a fin de que no sólo cuenten con claridad respecto a la población objetivo y el problema que buscan atender, sino que garanticen que cada uno de sus componentes sea el adecuado para resolver el problema para el cual fue creado. Los expertos plantean también apostarle a la coordinación intersectorial e intergubernamental, con el objetivo de que la política social cuente con responsables definidos, procesos claros para compartir información, así como tareas y actividades específicamente asignadas a los actores responsables de cada una de la intervenciones. En la medida en la que el esquema de combate a la pobreza sea articulado y esté mejor diseñado, señalan, el País transitará de una política asistencialista a una basada en derechos. Finalmente, subrayan la necesidad de implementar una política social basada en programas integrales que atiendan ciclos de vida, como lo son son los de atención a la niñez o para prevenir la deserción escolar entre los jóvenes. -- Reforma