La Cámara de Diputados no pudo justificar las actividades y la necesidad de tener a casi 5 mil empleados por honorarios y de confianza administrativos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tampoco, dijo, logró demostrar los criterios para decidir los sueldos de ese personal en San Lázaro. Así lo reporta la ASF en los resultados de auditoría a la Cuenta Pública del 2017, año que corresponde a la pasada Legislatura, en la que el PRI era mayoría y tomaba las decisiones administrativas. La auditoría señala que se revisó la partida 1210 "Honorarios Asimilables a Salarios" por un monto de mil 286 millones de pesos del presupuesto total de la Cámara baja. En el análisis se buscó comprobar la prestación de servicios de 4 mil 090 personas contratadas por honorarios vinculadas a los grupos parlamentarios y al quehacer legislativo, y otras 739 con actividades en áreas administrativas, un total de 4 mil 829 empleados. Para ello, se solicitó a la Cámara que proporcionara, conforme a la cláusula octava de los contratos de los prestadores de servicios, los informes periódicos, estudios y/o investigaciones que debieron llevar a cabo con los titulares de las áreas. Sin embargo, advierte la ASF, dicha información no fue facilitada. "Cabe señalar que las actividades por desarrollar e informar por parte de los prestadores de servicios contratados no se mencionan en los instrumentos contractuales celebrados, ya que éstas se indican de manera muy general. "Con base en lo anterior, no fue posible constatar las actividades realizadas por los prestadores de servicios, ni tampoco comprobar que las mismas eran necesarias para el desarrollo de los trabajos de los Grupos Parlamentarios, o bien, del quehacer legislativo y de las áreas administrativas", detalla el dictamen de auditoría. La Cámara de Diputados señaló que en la cláusula referida se conviene que el prestador informará periódicamente al titular del área sobre los servicios contratados y, en su caso, dicho titular recibirá la conclusión de los mismos sin que se especifique la forma en la cual serán informados. Además, la Cámara respondió que es responsabilidad de cada área llevar el control y supervisión de los servicios encomendados, sin que se den instrucciones por escrito para no crear un vínculo laboral. También puntualizó que, por las características de las actividades parlamentarias y políticas del órgano legislativo, es necesario que las prioridades de las tareas encomendadas cambien constantemente en función de los tiempos y necesidades de los legisladores, conforme a su agenda de trabajo y sus proyectos programados. "Por los que no es posible atender la solicitud que efectuó la entidad de fiscalización superior de la Federación debido a que la generación de la documentación requerida no era parte de las obligaciones de las áreas usuarias de los servicios, además de la movilidad y número de contratos que se tramitan cada año. "No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, se considera conveniente que en los contratos del personal de honorarios asimilables a salarios que prestan servicios a Grupos Parlamentarios, para el quehacer legislativo y de áreas administrativas, se incluyan las actividades específicas a desarrollar, así como la obligación de presentar evidencia documental de las actividades y trabajos realizados". En cuanto a los salarios, la ASF constató que, en lo general, los pagos a los prestadores de servicios se efectuaron conforme a los importes mínimos y máximos fijados en el Tabulador para Prestadores de Servicios Profesionales vigente en dicho ejercicio. Sin embargo, se identificaron 18 casos en los que existieron variaciones salariales de los prestadores de servicios que oscilan entre 24 mil y 128 mil pesos, sin que fuera posible comprobar los motivos. "No fue posible constatar las actividades realizadas por los prestadores de servicios. Conviene señalar que los tabuladores contemplan montos para honorarios vinculadas con los Grupos Parlamentarios y al quehacer legislativo que oscilan entre 13 mil 800 pesos y 162 mil pesos". Dos prestadores de servicios profesionales con funciones de "Asesoría Especializada A.2" perciben ingresos brutos equivalentes a Director General, de 156 mil pesos al mes. Además, 102 prestadores de servicios con funciones de "Asesoría Especializada" en diferentes rangos (A.3 a B.4) ganan lo de un Director de Área. Ambos cargos están tipificados en el Catálogo de Puestos de Confianza. Con la actual Legislatura, las autoridades de la Cámara baja respondieron a la ASF que se han definido salarios con criterios de austeridad y que nadie gane más que el Presidente. -- Reforma