En Memoria de las 68 víctimas de feminicidio de 2016 a la fecha 

(Reporte tomado de Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Las personas, todas, buscamos la paz y la tranquilidad, cuando está se irrumpe pedimos justicia para alcanzar el fin último que es la devolución de esa paz que nos  arrebataron, ésta es la parte complicada, cómo reencontrarnos con la tranquilidad, cómo tener la reparación integral del daño, cómo la justicia se cristaliza y cómo alcanzar la no repetición. Es común en el pensamiento colectivo persista que la gente que tiene más posibilidades económicas tiene más facilidad para alcanzar esa devolución de la tranquilidad. Esa fórmula la ha querido quitar de en medio el Estado, con diversos mecanismos de apoyo para las personas que han sido víctimas, y que van desde abogados gratuitos, centros especializados para la atención psicosocial, fiscalías especiales anticorrupción, y el cambio estructural fue un nuevo sistema de justicia penal, que por lo menos en nuestra entidad acaba de cumplir en el mes de junio tres años de implementación.  Nos dimos cuenta que las personas vulnerables no eran atendidas con respeto a sus dignidad en particular las mujeres de cualquier edad, con todo el marco legal que se ha construido en los últimos años para promover la equidad y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible que observemos que está pasando con los actos de violencia que las mujeres denuncian. Desde hace dos años la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Violencia de Género para que se implementaran medidas de emergencia y evitar que siguieran en aumento los hechos de violencia contra las mujeres. 

Las características que deberían tener las acciones establecidas por la Alerta de Violencia de Género (AVG) que no son explicitas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pero que fueron se establecieron para que en el menor tiempo posible en zonas focalizadas se llevaran acciones concretas para erradicar la violencia feminicida.  En la definición de AVG se advierte que son acciones de gobierno de emergencia para dos cosas, una para enfrentar y dos para erradicar la violencia feminicida en un espacio geográfico especifico, y que en el caso de San Luis Potosí se dictó para seis municipios: San Luis Potosí, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y Tamuín. Las acciones se señalaron desde el 21 de junio de 2016 en la notificación de la declaratoria que le hicieron al gobierno potosino. Cuando leemos acciones de emergencia, la interpretación se atomiza, porque si bien la emergencia es aquello que debe atenderse ya mismo, en San Luis Potosí, el concepto evolucionó haciendo a un lado todas las teorías de análisis del discurso, porque la emergencia no alcanzó para implementar actividades que enfrentaran y erradicaran, sino que parece que se trasladó para cumplir la última parte del objetivo fundamental de la AVG que es eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia los derechos humanos de las mujeres. Nos costó identificar el problema específico que seguramente se encuentra en el Diagnostico de Violencia organizado y realizado por el Laboratorio de investigación del Colegio de San Luis, que se entregó en el mes de mayo, y por eso se dispersaron las actividades, porque las acciones debían ir encaminadas a abatir los delitos del fuero común que afectan los derechos de las mujeres, que ante la impunidad para los agresores, los delitos han llevado a la muerte a más 68 víctimas de 2016 a la fecha.

Si la AVG es una intervención del gobierno estatal para ponerle fin a la situación de emergencia que viven las mujeres por qué está siendo utilizada como una estrategia para la construcción de política pública en materia de equidad e igualdad para las mujeres, la construcción de nuevos espacios para atender integralmente a las mujeres que viven violencia no es una actividad de emergencia, es una estrategia de largo plazo que será de mucha utilidad para dentro de dos años darle la atención digna que una víctima debe recibir.  El gobierno estatal nos ha envuelto en diversas actividades para prevenir la violencia contra las mujeres y nos las plantea como acciones de la AVG. Son dos cosas diferentes: Una es cumplir con la Alerta mediante actividades concretas y focalizadas para atender y erradicar la violencia feminicida. Y otra es diseñar una política pública, que no había, para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. El tema de empalmar AVG con política pública es precisamente la ausencia de una perspectiva de género para el trabajo que desarrolla el gobierno en favor de las mujeres. Hace meses advertí que las mujeres seguimos siendo utilizadas como botín político, que nos utilizan como un tema para atraer recursos de la federación porque faltan ya dos años para que se convoquen a elecciones y las mujeres estaremos en la agenda setting como parte del marketing político.  Las actividades que se han llevado a cabo en los últimos dos años por parte de las autoridades del ejecutivo están orientadas a prevenir, pero no a atacar la emergencia, los feminicidios no se deben ver como un número, porque ello dispersa la gravedad de lo que ocurre en las familias que han sido víctimas del asesinato de una mujer. 

Estamos hablando de 68 familias que esperan justicia.