En contraste, durante 2018 se registraron 260 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 31 fueron catalogados como feminicidios. El número de asesinatos de mujeres ocurridos de enero a diciembre de 2018 aumentó 12 por ciento en comparación con el año 2017, lo que puso a Guerrero en el octavo lugar en feminicidios y el cuarto en homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional. El puerto de Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Ometepec y Tlacoachistlahuaca se encuentran entre los 100 municipios más peligrosos del país para las mujeres, indica el reporte sobre la Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Guerrero hace una clasificación entre el delito de homicidio doloso de mujeres para reducir la cifra de feminicidios, pese a que, en febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que ahora Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías de las 32 entidades del país investiguen de “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”. Es por ello que las autoridades de Sinaloa no registran homicidios dolosos de mujeres, pues toda muerte violenta de una mujer es clasificada como feminicidio, “atendiendo a la perspectiva de género con que se realizan las investigaciones en la entidad y a los criterios jurisprudenciales en la materia”, indica el reporte del SESNSP.  

Los recursos  Desde el año pasado, nueve de los 81 municipios de Guerrero han recibido recursos millonarios, a través del programa federal Alerta de Violencia de Género, y para este año el Congreso estatal aprobó 172 millones 716 mil pesos para la Secretaría de la Mujer estatal. En su tercer informe de gobierno, en octubre pasado, Héctor Astudillo dijo que ha destinado 64.7 millones de pesos para gasto burocrático, pago de conferencias y la creación de un Banco Estatal de Datos como parte de su estrategia para prevenir y erradicar la violencia de género, así como garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. El reporte estatal indica que, en 2018, la Federación destinó 56.2 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), los que supuestamente se aplicaron en los subprogramas de acceso a la justicia para las mujeres; profesionalización, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, y en las unidades de atención temprana, prevención de delitos de alto impacto y especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, entre otros.