Funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, sostuvieron que el Gobierno federal no tiene la responsabilidad, ni la obligación de monitorear a los niños migrantes, una vez que son asignados a hogares adoptivos. Miles de menores de edad que llegaron sin sus padres a la fronteras son detenidos por la Patrulla Fronteriza y entregados al Departamento de Salud (HHS), el cual a su vez los traslada a su Oficina de Refugiados (ORR) con el fin de ser entregados a familiares o familias sin conexión con el menor. “La relación de custodia termina cuando esos niños salen de la ORR. No somos una agencia policial”, señaló el comandante del Servicio de Salud Pública del HHS, durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos. Recientemente, el HHS fue criticado por perder el rastro de al menos mil 400 menores de edad migrantes no acompañados, quienes fueron asignados a hogares adoptivos. Aunque algunos infantes quedaron bajo la custodia de familiares, legisladores han criticado las acciones de la ORR. Un reporte senatorial reveló que los funcionarios del HHS no están llevando acciones encaminadas a asegurar el bienestar de los niños migrantes, una vez que son entregados a hogares adoptivos. De acuerdo con el reporte, de un total de siete mil 635 menores que intentaron ser rastreados en un sondeo, el HHS desconocía la situación de mil 475. El número de juicios criminales contra migrantes ha aumentado drásticamente durante el Gobierno del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, pese a que de manera formal haya terminado la práctica de separar familias, según Human Rights Watch (HRW). El grupo de defensa de derechos humanos indicó que a partir de junio de 2018, 46% de los adultos arrestados por la Patrulla Fronteriza fue procesado criminalmente, pese a que en mayo pasado solo un tercio de los migrantes enfrentó cargos criminales. El repunte sucedió luego que el procurador general de EU, Jeff Sessions, anunció la política de inmigración “tolerancia cero”, que ordenó a fiscales federales a enjuiciar “en la medida de lo posible” todos los casos de migrantes sin documentos. HRW precisó que la entrada sin documentos a EU era una falta menor, en tanto que el reingreso sin autorización fue considerado delito. Los juicios criminales, sin embargo, se reservaban para migrantes con antecedentes penales graves o reincidentes.   -- INFORMADOR