Una auditoría llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos concluyó que las autoridades separaron en la frontera con México a “miles” de niños más que los que ha reconocido oficialmente. Admitió que la cifra exacta es “desconocida” por la falta de datos precisos. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadunidense analizó el antes y el después de la política de “tolerancia cero” aplicada por el presidente Donald Trump en la frontera sur, que supuso la separación de las familias migrantes sin importar que en ellas hubiese menores de edad. En la primavera de 2018, la administración ordenó separar a las familias para que los adultos quedaran bajo arresto de las autoridades federales y los niños bajo resguardo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés). La justicia ordenó el 26 de junio paralizar esta controvertida política y reunir a las familias, a raíz de una demanda colectiva. Una investigación oficial, sin embargo, detectó que desde el verano de 2017 ya hubo un “drástico incremento” de la separación de niños en la frontera y que hasta el dictamen judicial de junio del año siguiente, la ORR recibió y liberó a “miles” de menores. En julio de 2018 tenía registrados más de dos mil 600 casos. Asimismo, entre julio y noviembre del año pasado, recibió al menos 118 niños más, según la Oficina del Inspector General, que no ha podido cerrar una cifra completa de los menores separados —es “desconocida”— por la falta de registros completos y el retraso de las tramitaciones. La inspección del Departamento de Salud y Servicios Humanos instó a “mejorar la comunicación, la transparencia y la rendición de cuentas para la identificación, la atención y la ubicación de los niños separados”. Algunos podrían haber sido entregados a familiares o tutores, pero no se sabe cuántos han sido reunificados exactamente, admite el informe. Dicho departamento indicó que “no se puede ofrecer información más específica sobre la ubicación de estos niños, porque los sistemas de rastreo en uso durante ese tiempo eran informales y diseñados para fines operativos en lugar de para realizar seguimientos retrospectivos”. Bajo la administración del presidente Barack Obama (2009-2017), la proporción de separaciones familiares entre todas las entradas al país era de 0.3 % a finales de 2016 y subió hasta 3.6 % en agosto de 2017. Así, la Oficina de Reasignación de Refugiados ya detalló en noviembre de 2017 que los niños “eran muy jóvenes” y se requería que fueran ubicados en instalaciones con licencia especial, pero que “había falta de camas disponibles”. La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) anunció ayer que llevará a los juzgados esta “última revelación”. Esta política fue un cruel desastre desde el principio. Este informe reafirma que el gobierno nunca tuvo una idea clara de cuántos niños separaron de sus padres”, afirmó el director de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt. --

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