Este martes se llevó a cabo el primer informe de actividades del Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, como parte de la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía, ante autoridades del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como autoridades municipales, de la iniciativa privada, asociaciones de derechos humanos y fiscales de otros estados. Antes de iniciar su discurso, el fiscal pidió un minuto de silencio por los policías ministeriales y agentes caídos en el cumplimiento de su deber. Garza Herrera dio a conocer que la transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía lleva un avance del 15 por ciento, destacó que lo primero que se tenía que cumplir fue la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, además de los cambios que se requieran para la aplicación correcta del mismo, posterior a ello mencionó que era necesario la transición a Fiscalía y la creación de la Ley Orgánica, a fin de que se cumpla con los preceptos y funcionamiento de la Fiscalía. Dijo que la tarea no es fácil, pero con voluntad se logrará la transición en el marco de la ley, mejorando el sistema de justicia profesionalizando al personal. Del 2015 al 2018, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), llevó a cabo la detención de 4 mil 158 personas que presumiblemente incurrieron en ilícitos. Durante este lapso, se logró desarticular a 71 bandas delictivas con el aseguramiento de 254 personas relacionadas con delitos como homicidio calificado, robo de vehículo, secuestro, abigeato, robo domiciliario, ataque peligroso, extorsión, trata de personas, privación ilegal de la libertad, tráfico de personas y robo a cuentahabiente, entre otros. De igual forma, fueron detenidos 26 objetivos criminales que en su momento llevaron a cabo una serie de homicidios, extorsiones, secuestros, cobros de derecho de piso, ataques, robos con violencia, y otros delitos, los cuales presuntamente pertenecían al crimen organizado.

Finalmente se tomó protesta a los nuevos vicefiscales, delegados, delegados regionales y servidores públicos que integran la Fiscalía del Estado.