Caracas, Venezuela.- Al menos 18 mineros ilegales murieron a consecuencia del enfrentamiento entre Ejército venezolano y miembros del crimen organizado en el yacimiento de oro de Cicapra, cerca de la zona selvática de Guasipati, en el sur del país. Los fallecidos fueron una mujer y 17 hombres, quienes portaban armas tipo militar. El procedimiento es una de varias estrategias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para recuperar el control económico de las intrincadas zonas selváticas contiguas a la Amazonia venezolana, donde ha proliferado la minería ilegal realizada por el crimen organizado en los últimos cinco años. De acuerdo con un reporte de Región Estratégica de Investigación Penal (Redip), los cuerpos de los contrabandistas no pudieron ser identificados. Los yacimientos auríferos en zonas específicas de las regiones selváticas de Venezuela se han expandido lentamente a espacios controlados por la delincuencia, en los cuales han tenido lugar crímenes que han producido estupor en la sociedad. En algunas de estas poblaciones, son los capos de la zona, llamados "pranes" en la jerga carcelaria, los que controlan el flujo del comercio e imponen abiertamente sus intereses. Una de las más comentadas ha sido la masacre de Tumeremo, en la cual 17 mineros fueron asesinados por Jamilton Ulloa Suárez, un capo de origen colombiano conocido como El Topo. Tal circunstancia ameritó la presencia activa de equipos especializados del Ejército venezolano, mientras que Ulloa, como otros hampones que dominaban estos espacios, fue abatido en un operativo militar. El deterioro de las actividades económicas vinculadas con la minería se ha consolidado durante el Gobierno de Nicolás Maduro. En un esfuerzo especial para diversificar las fuentes de ingreso de la República, su administración decidió desarrollar el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, una ambiciosa plataforma de inversión y explotación minera en la región de Guayana, al sur del río, que incluye capitales extranjeros especializados. El Gobierno venezolano busca convertir en ingresos líquidos los recursos existentes en la zona, como los minerales estratégicos, aunque algunos de estos espacios son ya centro de operaciones de estos grupos delincuenciales. Como proyecto, el Arco Minero del Orinoco ha sido duramente criticado por organizaciones ambientalistas, partidos políticos, sindicatos, e incluso por voceros disidentes del chavismo, ubicados a su izquierda, como la ex ministra Ana Elisa Osorio. Los opositores argumentan que el desarrollo de la iniciativa provocaría trastornos ambientales irreversibles, con graves consecuencias para los recursos hídricos, y agudizará el problema de la descomposición social en amplias zonas del territorio nacional que actualmente están casi despobladas. Sin embargo, los defensores del proyecto sostienen que el Arco Minero fue creado para enfrentar y resolver dichos problemas, al regularizar y normas los usos y promover el desarrollo. -- REFORMA