En su primera resolución contra México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pidió que se realice una investigación imparcial, pronta y exhaustiva de las agresiones que sufrió la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005. En aquella ocasión, después de publicar un libro sobre una red de prostitución infantil en la que eran involucrados empresarios y políticos como Kamel Nacif, Cacho fue detenida en Cancún y trasladada durante unas 20 horas hasta Puebla. Según el organismo de la ONU, en el trayecto la periodista fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física. "A la luz de las declaraciones vertidas (en aquel entonces) por el empresario en cuestión (Kamel Nacif) y por altas autoridades ejecutivas (Mario Marín) y judiciales del Estado de Puebla, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria", estableció el Comité. La resolución, dictada el 31 de julio pasada, fija un plazo de 180 días para que el Gobierno mexicano le responda al órgano de la ONU. El Comité de Derechos Humanos también plantea que deben ser eliminados en todo el País los delitos contra el honor, como son los de difamación y calumnias. Durante una conferencia de prensa, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, destacó que este es el primer dictamen en su tipo contra el Estado mexicano. Además de que la resolución tiene alcances casi jurisdiccionales, es decir, que sus efectos serían mayores que los de una recomendación. "El Comité de Derechos Humanos de la ONU, sesionando en Ginebra, decide mandar un mensaje muy claro al Estado mexicano: un basta ya, y ese basta ya está plasmado en esta resolución, corta pero contundente", sentenció Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, organización que acudió a Naciones Unidas por este caso. REFORMA