¿Qué pasará ahora? Ésa es la pregunta básica después de la preocupante investigación que llevó a cabo el diario The New York Times sobre la respuesta de Facebook durante la interferencia rusa en su plataforma. Los resultados de la investigación han provocado fuertes críticas a la compañía en todos los sectores, y Facebook merece dar una respuesta.

Sin embargo, a quienes debe de dar soluciones la empresa de Zuckerberg es a los estadounidenses. Según The New York Times, los ejecutivos de Facebook no sólo intentaron minimizar el grado en que los rusos habían usado su plataforma para manipular a los votantes estadounidenses, sino que también se embarcaron en una campaña para desacreditar a los críticos y dirigir la atención hacia otras empresas. Lo más alarmante fue la contratación de la firma de relaciones públicas Definir por parte de Facebook para empujar teorías de conspiración que vincularan al George Soros a un entorno de inestabilidad, y también presionó a un grupo de derechos civiles judíos para que considerara a cierta retórica como antisemita. Estas tácticas ayudaron a polarizar a Estados Unidos. (El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que él y la directora de operaciones Sheryl Sandberg no se enteraron de la contratación de la empresa Definers). Esta realidad subraya la necesidad de que el Congreso siga presionando a la empresa, incluso cuando Facebook esté llevando a cabo sus propias medidas para vigilar su plataforma y mantener a los usuarios informados sobre este tema. Facebook ha anunciado que comenzará a eliminar el “contenido sensacionalista y provocativo” que se acerque a la frontera de la legalidad de sus normas, y continuará publicando informes de transparencia sobre sus cuentas que elimine. Los esfuerzos son dignos pero el rol del Congreso es continuar presionando a Facebook para asegurar que la compañía cumpla con sus promesas, e intervenir cuando no lo haga. Algunas áreas de intervención son obvias: la ley de anuncios honestos, actualmente estancada en el Senado, evitaría que los anunciantes oculten sus identidades a los usuarios. Una ley federal de privacidad sólida protegería los datos de los consumidores contra incursiones como la violación que hizo Cambridge Analytica. Existe el peligro de pedirle al gobierno que evalúe lo que los civiles pueden decir y dónde lo pueden decir. Es el riesgo. EL ECONOMISTA