La Fiscalía General de la República (FGR) presentó al Poder Judicial un documento con el que pretendía obtener orden de aprehensión por cinco delitos federales contra el excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El proyecto, basado fundamentalmente en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue rechazado por carecer del sustento jurídico necesario, revelaron fuentes de alto nivel del Poder Judicial. El planteamiento para obtener la orden de aprehensión contra Videgaray podrá ser reformulado por la Unidad Especializada en Delitos Federales, de la FGR. Según el documento de cien páginas, al que Latinus tuvo acceso, la Fiscalía busca acusar a Videgaray de un delito electoral, dos delitos de cohecho, uno de asociación delictuosa y uno de traición a la patria. En la argumentación del Ministerio Público, el delito de traición a la patria consistiría en haber impulsado de manera ilegal y por medio de sobornos de particulares la aprobación de reformas estructurales que “someterían la integridad de la nación a personas extranjeras”. De acuerdo con el alegato del Ministerio Público, Videgaray habría realizado “actos contra la integridad territorial de la nación al gestionar e impulsar en agosto de 2014, Reformas Estructurales con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”. En su petición para el libramiento de la orden de aprehensión, la FGR consideró que Videgaray Caso cometió delito electoral al entregar recursos por un millón 664 mil dólares a Enrique Peña Nieto, durante su campaña por la presidencia de 2012, gestionados con la empresa Odebrecht y que provenían de sobornos en el extranjero. Sobre un primer delito de cohecho, se señala a Videgaray de prestar ayuda a Peña Nieto para que, durante su periodo presidencial de 2012 a 2018, recibiera de las empresas Odebrecht y Braskem una cantidad aproximada de 5 millones 850 mil dólares y 84 millones de pesos “para realizar actos injustos relacionados con sus funciones”. Dichos recursos beneficiarían a Odebrecht con la adjudicación de un contrato para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo (TULA I), así como para poder influenciar al presidente para hacer realidad la Reforma Constitucional en Materia Energética. En un segundo señalamiento por cohecho, se acusa a Videgaray de entregar entre septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, la cantidad de 121 millones 500 mil pesos a los legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, entre otros, a fin de que emitieran su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Energética. En lo que se refiere al delito de asociación delictuosa, la FGR afirma que Luis Videgaray realizó sobornos a legisladores en acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto y directivos de las empresas Odebrecht y Braskem, por lo que presume un entramado de un grupo de personas para cometer ilícitos y obtener beneficio personal de ellos. El proyecto para procesar a Videgaray Caso fue presentado para consulta del poder judicial y podrá ser replanteado para proceder en un futuro en contra del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. --

Con información de Latinus