La Auditoría Superior del Estado (ASE) cumplió el pasado mes de enero 10 años de creación y operación. Nació con la finalidad de ser un organismo autónomo, técnica y administrativamente, para poder revisar sin problemas y sin presiones el manejo de los recursos públicos de los tres poderes estatales, pero la ilusión se acabó muy pronto. Con solo dos auditores en su historia y una encargada de despacho, la sombra de la corrupción le ha perseguido siempre. En enero de 2007 la ASE entró en funciones, esto en razón del Decreto de creación No. 499 publicado en el Periódico Oficial, el 30 de mayo de 2006. Su antecesor era la Contaduría Mayor de Hacienda, un organismo considerado una autoridad técnica y auxiliar del propio Congreso. Por esta razón, año con año, el pleno del Congreso aprobaba o reprobaba las cuentas públicas que le presentaba la Contaduría Mayor de Hacienda. Hasta el día de hoy, muchos afirman que ésta sigue siendo función del Congreso, pero ya no es así. La ASE es un organismo independiente, con total facultad para sancionar a quien haya hecho mal uso de los recursos públicos, pero la realidad es muy distinta. Durante 7 años fue presidida por Héctor Mayorga, un personaje al que analistas políticos calificaron como “gris” y al servicio del sistema. En su periodo nunca se pudo determinar cómo, quién y en qué se gastó el préstamo por 1,500 millones de pesos que solicitó el ex gobernador Marcelo de los Santos poco antes de terminar su sexenio. Buena parte del recurso no fue identificado y otra nada tenía que ver con inversiones públicas productivas como ordenaba el decreto legislativo. Otro de sus informes de auditoría reveló un millonario daño al erario público en la administración de la ex alcaldesa Victoria Labastida, pero aunque se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría nunca se dieron a conocer las acciones que se emprendieron para resarcir el daño a las arcas públicas. En 2014, Mayorga intentó reelegirse como auditor superior, pero no lo consiguió, porque uno de los diputados que le había ofrecido su voto reculó un día antes y en la sesión del pleno anuló la boleta para que no alcanzara la mayoría absoluta y de esta manera se presentara una segunda terna en la que estaba el contador José de Jesús Martínez Loredo, que terminó siendo el elegido. Martínez Loredo nunca contó con el aval de organismos ciudadanos interesados en la trasparencia, por sus ligas con el partido en el poder (el PRI). En su currículum destaca que fue tesorero del gobierno de Fernando Silva Nieto en la operación de compra venta de los Invernaderos Santa Rita, misma que fue reprobada por la LVII Legislatura, por su falta de probidad. Durante su gestión fue acusado de engordar la nómina con recomendados y compadres de los diputados locales y de colocar en los puestos principales a allegados a su despacho. Varios intentaron abrirle juicio político, pero no lo consiguieron. Pero con el paso de los meses, los rumores sobre que padecía una enfermedad crónico-degenerativa eran cada vez más fuertes y sus ausencias de la oficina parecían confirmarlo. Sin embargo, el video escándalo que protagonizó el diputado con licencia Enrique Flores, donde se revelaba una supuesta red de corrupción al interior de la ASE, para el blanqueo de cuentas públicas fue lo que lo hizo renunciar a su cargo, aunque argumentó “razones estrictas de salud”. Sumida en su peor crisis de credibilidad, la ASE está actualmente en un proceso de elección de su nuevo auditor. Eduardo Martínez Benavente, analista político y fundador de la Auditoría Superior, cuando fue diputado local, allá por 2006, advierte que quien resulte electo “va a tener que demostrar con hechos que no viene a solapar a nadie, que es independiente, poner orden, porque definitivamente quedó mucha basura todavía en ese organismo”. “Yo creo que va a llegar con una enorme desconfianza, que origina el comportamiento de algunos de los actuales funcionarios. Es un trabajo muy difícil. Ojalá que la ciudadanía pueda también presentar denuncias de malos manejos y que sean atendidas de forma adecuada por la Auditoría. Los ciudadanos somos los que más interés tenemos en que esto se componga. Uno desconoce si se están aplicando bien los recursos en los municipios”.

Sobre los actuales empleados de la ASE sostiene que hay gente honesta, pero muy decepcionada, porque sus trabajos no fueron tomados en cuenta, pero reconoce que todavía hay elementos “contaminados” que le entraron al sistema de corrupción y que deberán ser excluidos de inmediato. El analista confía que el proceso de selección se haga conforme a derecho, aunque sabe de buenas fuentes, que operadores de gobierno ya están trabajando, para que una persona “a modo” llegue a la titularidad de la ASE. A su parecer sólo tres perfiles de los 29 que se inscribieron tienen la experiencia y el valor civil para refundar la Auditoría.