El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), que desde sexenios anteriores se encarga de la construcción y mantenimiento de escuelas en el país, con lo que se pretende que el recurso para construir, mejorar y darle mantenimiento a los planteles se entregue directamente a Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que serán integrados por directivos, maestros, padres de familia y alumnos de cuarto grado en adelante. Estos comités serán los encargados de tomar las decisiones respecto de qué obras se realizarán con los recursos que se les entregarán de manera trimestral o semestral directamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); dichas decisiones se votarán en una asamblea estudiantil y el ejercicio de los recursos será auditado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, dijo estar “en total desacuerdo” con la propuesta del Presidente, debido a que no habrá certeza y seguridad en la estructura de las escuelas y se corre el riesgo de que lleguen a colapsar, debido a que los directores y padres de familia no tienen el conocimiento técnico necesario para decidir sobre la infraestructura física de los planteles, por lo que dijo que este trabajo debería dejársele a una dependencia especializada en el tema, que a su vez recurra a empresas constructoras, “zapatero a sus zapatos”, comentó el empresario. El empresario señaló que no se garantiza que las obras sean de calidad con este nuevo esquema, dado que ni si quiera hay certeza de quiénes las estarían ejecutando y si esos ejecutores ofrecerán la fianza de vicios ocultos, que hoy ofrecen las empresas constructoras, y que sirve para arreglar cualquier desperfecto que se detecte después de varios años de terminada la obra. El experto en temas educativos, Diego Juárez Bolaños, coincidió en que es una mala idea dejarle las decisiones sobre infraestructura física educativa a directivos, maestros y alumnos y prueba de ello es que todas las escuelas que se derrumbaron, tras los sismos de 2017, eran de autoconstrucción, es decir directivos y padres de familia se ponían de acuerdo para construirlas, sin la asesoría de ingenieros y sin cumplir con normativa en protección civil, como ocurrió por ejemplo en el Colegio Rébsamen, donde murieron 26 personas. Juárez Bolaños comentó que en todos los países del mundo existe un órgano de gobierno encargado de la construcción de escuelas, precisamente porque se requieren de conocimientos técnicos que eviten catástrofes ante fenómenos naturales como un sismo, una inundación, un incendio o la erupción de un volcán; por lo que dijo, que esta decisión está poniendo en riesgo la vida de muchos alumnos y personal docente que labora en los planteles. AFECTARÁN A CONSTRUCTORAS

El tema económico es otra de las aristas de esta decisión. El presidente de la CMIC, Antonio Castanedo dijo que el 80 por ciento de las empresas adheridas a esta cámara se dedican a la construcción de escuelas, lo que significan alrededor de 80 empresas, que emplean a al menos 2 mil personas, las cuales entrarían en una crisis financiera, debido a que ya no habría un Inifed que les asignara obras de infraestructura educativa. Castanedo de Alba dijo que, de aprobarse la propuesta de López Obrador, todas estas empresas tendrían que ir de plantel en plantel tocando puertas para ofrecer sus servicios, lo cual dificultaría sus operaciones y aumentaría sus costos, por lo que pidió al Presidente reconsiderar esta decisión. SEGE A LA ESPERA

El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Joel Ramírez Díaz, por su parte no quiso dar un pronunciamiento respecto de esta nueva política de asignación de recursos, únicamente se limitó a señalar que están a la espera de conocer las reglas de operación de estos programas. Entre los argumentos del Gobierno de México están que en sexenios anteriores, las dependencias encargadas de liberar estos recursos para construir escuelas no entregaban el dinero completo, debido a actos de corrupción, por lo que ahora se entregarán directamente a los planteles, aunque cabe mencionar, que esta nueva política de asignación de recursos fue uno de los acuerdos que el gobierno federal hizo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el pasado 27 de mayo.