Cualquier persona creería que su información está asegurada por el hecho de contar con una contraseña o patrón de desbloqueo en su teléfono o smartphone, pero nada menos alejado de la realidad. La verdad es que el gobierno mexicano puede, y seguramente lo ha hecho, intervenir líneas telefónicas sin conocimiento o consentimiento del usuario. Mucho se ha mencionado que durante las administraciones priistas, el gobierno intervenía líneas telefónicas, correos y cualquier medio de comunicación, con tal de ejercer control, lo que alteraba de manera directa la libertad expresión. Durante este año, se desató un escandalo parecido cuando diversos defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México, fueron afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano. Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente. Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. Los softwares, en los que se han invertido funcionan de manera similar, enviando un mensaje de texto o alerta a la víctima, que al darle click descarga un programa, escanea vulnerabilidades y se infiltra en el celular del usuario, por lo tanto, genera acceso a llamadas, correos, mensajes y contactos. Inclusive, puede llegar a utilizar el micrófono o la cámara. La agencia que fabricó el último software, NSO Group, afirma que estos programas son vendidos exclusivamente a los gobiernos para uso especifico en contra de los terroristas, cárteles de droga o criminales en general. Sin embargo, los objetivos de espionaje han sido abogados, periodistas, defensores de los derechos humanos e incluso activistas. El software no deja ningún rastro del hacker que lo uso. NSO Group asegura que es muy improbable que los cibercriminales hayan obtenido acceso ya que el programa solo puede ser utilizado por agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología. El gobierno mexicano enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos y los ataques cibernéticos despiertan cuestionamientos legales y éticos. La ley mexicana señala que solo un juez federal puede autorizar este tipo de vigilancia. Caso que procede solamente cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Por lo tanto, es poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial. En el caso de México, NSO Group, no ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias. Periodistas y activistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión FEADLE. Algunos de ellos fueron periodistas como Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui.  La CNDH abrió el expediente respecto a este caso, resaltó que el hecho de que los periodistas y defensores de derechos humanos, es una violación directa a la libertad de expresión y a la información. Dijo también que la información que haya sido obtenida de manera ilegal es una práctica ilícita que atenta contra las personas y sus derechos a la privacidad e intimidad. Desde hace tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas en México han enfrentado peligros enormes. Han sido perseguidos, amenazados y algunas veces incluso asesinados simplemente por realizar su trabajo. México vive una crisis con respecto temas de libertad de expresión, el año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo. El 2017 se perfila a ser uno de los años más oscuros para la libertad de expresión en México. La normalización de la violencia, los asesinatos a periodistas, el espionaje y las subvenciones gubernamentales a medios a través de publicidad pone en riesgo el desarrollo de la joven democracia del país. La comunidad internacional, así como ONG’s nacionales debemos presionar al gobierno mexicano para que adopte medidas inmediatas y creíbles para revertir esta tendencia de deterioro de la libertad de expresión. También se debe de ofrecer ayuda y protección a activistas, investigadores y periodistas, reconociendo su trabajo y, cuando sea necesario, concediendo asilo a personas en situaciones de alto riesgo. El apoyo de ONG’s es indispensable para que la libertad de expresión en México sea una realidad y no solo un texto en el artículo 6 y 7 de su Constitución. Anexo: Espiar es diferente a pedir información a telefonías. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que toda información que se envíe y se reciba desde un teléfono debe respaldarse por hasta dos años por parte de las empresas de telefonía para posible consulta del gobierno. Esto incluye llamadas, mensajes de texto, archivos enviados y recibidos, fecha, hora y duración de cada llamada hecha o recibida, buzón de voz, geolocalización del teléfono, así como nombre y domicilio de toda persona que cuente con una línea telefónica