Las 73 escuelas de educación especial, que atienden a niños con discapacidad en San Luis Potosí, debieron haber iniciado un proceso de desaparición desde 2007, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó que los jóvenes con discapacidad deben recibir educación en las mismas aulas en donde se encuentran alumnos sin discapacidad; sin embargo, hasta el momento dichos planteles de educación especial continúan operando en San Luis Potosí. En fechas recientes, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció la posibilidad de cerrar algunos planteles de educación especial, debido a la baja demanda que estos tienen, sin embargo, no se ha hablado de integrar a los jóvenes con discapacidad en escuelas en donde actualmente estudian alumnos sin discapacidad. DOCENTES NO ESTÁN PREPARADOS La integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo independiente de monitoreo estatal de la convención de derechos sobre las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas, dijo que el problema actual de las escuelas en San Luis Potosí no es la infraestructura, dado que estimó que el 80% de ellas cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad y puertas amplias para sillas de ruedas; sino que más bien el problema se encuentra en la falta de capacitación a docentes para atender en una misma aula a jóvenes con y sin discapacidad. La experta señaló que, por ejemplo, los docentes y directivos de las escuelas, al momento en que planean el ciclo escolar no toman en cuenta a población con discapacidad, lo que provoca que estos jóvenes tengan dificultades para llegar a su aula, debido a que en ocasiones estas se encuentran en segundos pisos, cuando siempre deberían ubicarse en la planta baja, aunado a que los planes y programas de estudios no están diseñados para atender a ambas poblaciones (personas con y sin discapacidad). Otro problema que enfrentan los jóvenes estudiantes con discapacidad es que el transporte público urbano no es apto para ellos, lo que los obliga a tener que tomar un taxi, sin embargo hay familias que no tienen los recursos económicos para pagar hasta 100 pesos diarios en taxi, con el fin de que el joven pueda asistir a la escuela y posteriormente regresar a su casa. ESCUELAS CON POCA DEMANDA Cifras de la SEGE señalan que en el ciclo escolar 2006-2007 había 6 mil 247 alumnos con discapacidad en 73 escuelas de educación especial del estado, lo que se traduce en que cada escuela atiende a un promedio de 85 alumnos; además de ello se registraban 446 docentes, es decir que cada uno de ellos daba clases a un promedio de 14 estudiantes. La discapacidad intelectual es la más común en este tipo de escuelas, con un 26 por ciento de los alumnos, seguido de la discapacidad motriz, con un 4.3 por ciento del total de estudiantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), entre enero y julio de este año, registra 6 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad, algunas de las cuales tienen que ver con omitir brindar educación de calidad, omitir realizar acciones para eliminar cualquier tipo de práctica discriminatoria y acciones u omisiones que vulneran los derechos de estas personas. La directora de Equidad y No Discriminación de la CEDH, Giovana Argüelles Moreno, dijo que entre las quejas más comunes se encuentran reportes de que escuelas en la entidad les solicitan un diagnóstico médico, como requisito de ingreso a la institución, lo cual constituye un acto de discriminación, dado que es un requisito que no se le exige al resto de los alumnos y que además no está establecido en la normativa vigente. Anunció que se ha conformado un Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual está constituido por un comité técnico, integrado por 7 personas, quienes laborarán en cinco líneas de acción, entre las que se encuentran capacitación al funcionariado público para atender a personas con discapacidad, sensibilización de los medios de comunicación sobre un lenguaje inclusivo y dar seguimiento a quejas presentadas en la CEDH, así como a quejas iniciadas de oficio.