Como históricamente ha sucedido, sobretodo a partir de la década de los 70s y 80s, la iniciativa privada se levanta como contrapeso del poder político, representado por el ejecutivo y ha sido la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el sindicato patronal, la institución cuya voz ha llevado la defensa de la libertad y el respeto a la legalidad. Solo basta recordar a empresarios como Manuel J. Clouthier, José Luis Coindreu o a Emilio Goicochea quienes encabezaron todo un movimiento nacional cuando José López Portillo estatizó la banca. Hoy frente la maniobra legislativa para extender el periodo del gobernador electo de 2 a 5 años de gobierno en Baja California, una clara y artera violación a la Constitución y burla a la ciudadanía de aquel estado y ante la amenaza nacional que esto representa al futuro de la democracia de nuestro país, el actual Presidente de COPARMEX, Gustavo de Hoyos se pregunta: “¿Es neta que (el presidente López Obrador) no opina?”, y es que en su sermón matutino el “pastor” afirmó que no intervino en la decisión del congreso de Baja California. Sin embargo el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, un tal Ricardo Peralta, declaró que el pueblo de Baja California “no sabía” si votaba por un gobernador para dos o cinco años, justificó y aprobó el engaño o llamó tontos a los ciudadanos de aquel estado. Pero resulta que la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, quien como magistrada en retiro de la Suprema Corte sabe algo, enmendó la plana y declaró que lo acontecido en Baja California es inconstitucional. Pero que no se metía en la decisión, eso mismo debió haber dicho el “pastor de palacio”, se violó la Constitución, como lo ha hecho con las decisiones de la Corte, solo opina pero no se mete, debió ser suficiente. Bueno hasta el ingeniero Cárdenas se pronunció y denominó lo hecho por el legislativo de la entidad fronteriza como “insulto a la inteligencia “y Porfirio Muños Ledo, en esos momentos de lucidez pidió la desaparición de poderes.  No quedarse callado, eso hace una persona que respeta el estado de derecho, la ley que se presta de ser demócrata y hasta “juarista”, pero en el caso Jaime Bonilla electo por 2 años, para ser gobernador de Baja California y no por 5, el “pastor” prefirió quedarse callado. Será que Bonilla, quien renunció a la nacionalidad estadounidense hace algunos años y fue candidato por el partido republicano en el país vecino, él sí es amigo del “pastor”, como lo demostró el mismo presidente de COPARMEX en una fotografía en donde se ve al hoy gobernador electo y a Obrador en un palco en Petco Park en San Diego, California, en un juego de estrellas de béisbol. Ahora que no nos salga el “pastor” como el Bora, con el “yo respeto”.

El dirigente empresarial cuestiona el que no sabía y no se mete del “pastor de palacio” en un tono claro de ironía, pues todos sabemos que nada pasa sin que se le informe y decida, nadie le cree que ni la Yeidckol Polenvsky, antes Citlali Ibáñez, presidenta de Morena no le informa. Ante los hechos y el riesgo más ale curarse en salud, por eso la voz de la IP, de la prensa “fifí” y de la ciudadanía debemos cuestionando el decir y actuar autoritario del “pastor”, aunque éste lo niegue y quiera verse como un demócrata respetuoso de los poderes estatales. ¿Sabe cuántas veces se reeligió Juárez?

¿Realmente respetó el benemérito el sufragio efectivo no reelección?

No vaya a suceder que por tanta admiración se quiera repetir la historia, digo. Es un peligro para México.     La charlatanería populista que desde el púlpito de palacio nos arroja mañana tras mañana el “pastor” ya muestra síntomas de preocupación frente a lo que esgrime por renuncia de Urzúa y el “golpe legislativo” de Baja California. DETALLES La encuesta Nacional de Seguridad pública Urbana difundida por el INEGI no refiere datos de incidencia o índice delictivo sino de percepción de inseguridad, un tema que para los gobernantes resulta vital medir incluso por encima de lo que los números reales les muestran. Y es que según INEGI hasta marzo el 76.5% de los ciudadanos de la capital potosina se sentían inseguros, en junio el índice subió a 77.3; en cuanto a actos de corrupción de la policía, los encuestados declararon en un 61.6 por ciento haber sufrido un acto de corrupción por parte de este tipo de autoridad, mientras el promedio nacional fue del 47.3.  Seguridad es una sensación, que no se siente en San Luis Potosí. Algo hay que hacer urgente, no cree usted