Un tribunal de Porto Alegre, al sur de Brasil, podría decidir el miércoles 24 de enero el futuro inmediato de Brasil. Ese día, tres magistrados juzgarán en segunda instancia al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya condenado a nueve años y medio de cárcel por presuntos delitos de corrupción en el marco de la Operación Lava Jato. El país contiene el aliento porque, de confirmar la condena, Lula podría verse apartado de las elecciones de octubre e incluso acabar detrás de las rejas. Pero lo cierto es que el panorama es una incógnita, lo que arroja de nuevo a Brasil al borde de la enésima crisis política, cuando aún no se recuperó del impeachment contra la ex Presidenta Dilma Rousseff y del polémico ascenso del Gobierno de Michel Temer. "Nadie sabe qué va a pasar. Si el tribunal confirma la condena su 'elegibilidad' queda absolutamente cuestionada", comentó a REFORMA Silvia Batini, profesora de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas y fiscal del Ministerio Público Federal. "Una insistencia del partido en lanzarlo como candidato puede arrojar al país a un nivel de indefinición muy grave", añadió. De momento, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció que intentará todas las opciones y no se rendirá con una eventual condena, a pesar de que la ley impide que un sentenciado en segunda instancia sea candidato en unas elecciones. La última palabra la tendrá la Justicia Electoral. "La legislación brasileña permite jugar con el tiempo porque hay una amplia gama de recursos, así que mientras tanto Lula podrá ir haciendo campaña", apuntó la jurista. Todo ello si no lo arrestan antes, algo que, hasta ahora, parece poco probable. Mientras se acerca el gran día para la izquierda, Lula ya se convirtió en un mártir, víctima de una conjura judicial y mediática; aseguran que es la única manera de impedir que gobierne de nuevo, puesto que es líder en todas las encuestas de opinión. El ex Presidente (2003-2011) es acusado de recibir un apartamento de manos de la constructora OAS, una de las beneficiadas en la trama corrupta de Petrobras. Lula asegura que no hay pruebas y en los últimos meses se ha dedicado a recorrer Brasil en autobús y a celebrar mítines masivos con sus simpatizantes. La presidenta del PT y su mano derecha, Gleisi Hoffmann, advierte acciones radicales en caso de que la justicia le ponga trabas. "Unas elecciones sin Lula no serían una situación democrática, sino una intervención que no vamos a aceptar; en ese caso tomaríamos medidas más radicales", reveló Hoffman en entrevista con REFORMA. "Sería una tragedia política retirar a un candidato que tiene la mayoría de las intenciones de voto. No podemos admitirlo. Lo que está en juego es prohibir el voto a una parcela expresiva de la población. Más de 40 millones de brasileños quieren votar a Lula. Un ataque al ex Presidente no es contra él, es contra esos millones de brasileños", apuntó. La líder política asegura que Lula está molesto por la injusticia de vivir un proceso difamatorio, pero al mismo tiempo se mantiene sereno y firme. En sus últimas apariciones públicas no parece que la travesía judicial haya hecho mella y en la opinión pública tampoco. La encuesta más reciente, elaborada por el instituto Datafolha en diciembre, certifica que sus apoyos crecen: 34 por ciento de electores votaría por él, dos décimas más que en octubre. En segundo lugar (17 por ciento) aparece el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, apodado popularmente el Trump brasileño. Su crecimiento meteórico de los últimos meses va de la mano con los débiles apoyos que suscitan los hipotéticos candidatos del PSDB, el tradicional partido de la derecha en Brasil, que quedarían por detrás de este polémico militar. Las encuestas visualizan que, en caso de que Lula no esté en las urnas en octubre, Bolsonaro podría ser Presidente. -- REFORMA