San Luis Potosí, México (29 enero 2018).- El Sistema Estatal Anticorrupción está en riesgo en San Luis Potosí, luego de que los diputados locales eligieron a dos “fiscales carnales”, para encabezar la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales, dado que Jorge Alejandro Vera Noyola y Javier Montalvo Pérez son ex trabajadores de Gobierno del Estado y de Congreso del Estado respectivamente, consideró Oswaldo Ríos Medrano, analista político, en entrevista para WFM 100.1. Dijo que es de preocupar que los diputados hayan elegido justo a los 2 aspirantes, que desde hace varias semanas, se había advertido, por parte de diversos sectores sociales, que serían los nuevos fiscales, lo que hizo suponer que hubo acuerdos por debajo de la mesa para elegir a estos perfiles, a cambio de que persista la impunidad para diversos funcionarios que han incurrido en actos de corrupción. Mencionó que tras el nombramiento de estos fiscales, estos deberán demostrar que son capaces de llevar ante la justicia a los diputados y funcionarios involucrados en la denominada “ecuación corrupta”, a través de la cual se limpiaban cuentas públicas de Municipios, así como castigar el presunto desvío de recursos en una fiesta navideña “fantasma” de la Auditoría Superior del Estado, donde también estuvieron involucrados 2 diputados, además del caso de Mariano Niño Martínez, a quien se le acusa de falsificar firmas para comprobar apoyos legislativos. Explicó que todavía falta que el Gobierno del Estado le entregue al Poder Legislativo una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General, que será la que marque todas las atribuciones que tendrá esta nueva dependencia, por lo que comentó que el Poder Ejecutivo debe lograr diversos retos para que esta Fiscalía realmente tenga una nueva estructura bajo el nuevo sistema anticorrupción y que la reforma no quede en un simple cambio de membrete y de logotipo. Señaló que entre estos retos está un servicio profesional de carrera, evaluación y control de disciplina en los funcionarios de este órgano, mecanismos para garantizar la autonomía del Ministerio Público, un esquema de rendición de cuentas y transparencia y una depuración del personal que actualmente labora en la Procuraduría General de Justicia del Estado.