A diferencia de en lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con los edificios colapsados por el sismo, en San Luis Potosí no hay procedimientos penales en contra de constructoras que han edificado fraccionamientos en zonas de riesgo, toda vez que se carece de alguna fiscalía que atienda este tipo de casos y el ayuntamiento no se encarga de sancionar estas irregularidades detectadas de anteriores administraciones, por lo que los afectados solo pueden buscar reparar el daño por medio de una demanda civil, señalan expertos consultados por GlobalMedia. Isaac Ramos López, regidor del ayuntamiento de la capital indicó que a pesar de que se tiene conocimiento público de que en administraciones pasadas se entregaron permisos en áreas que estaban en riesgos de inundarse o incluso construidos en terrenos irregulares, al actual ayuntamiento no le compete intervenir ante este tipo de situaciones, pues es responsabilidad municipal solo intervenir en los trabajos previos a la construcción y permisos. “En administraciones anteriores sí se entregaron permisos en áreas que estaban en riesgo de inundarse, incluso en terreno que son irregulares, que no están bien compactados y que se presentan construcciones con deterioro, precisamente porque este terreno no estaba bien compactado”.

El regidor comentó que en esta actual administración sí se ha buscado que las nuevas autorizaciones cumplan con la norma, que los terrenos cumplan con las especificaciones para poder realizar construcción de vivienda y que se cubran correctamente servicios como agua potable. Eduardo Martínez Benavente, notario público, comentó que en casos como la legislación de la Ciudad de México, la empresa constructora tiene que sanear cualquier desperfecto, en caso de resultar una obra con “vicios ocultos” o defectos que puedan presentarse en las viviendas o edificaciones, sin embargo en el caso de San Luis Potosí el comprador del inmueble tiene que llegar a una demanda civil para poder buscar una reparación del daño. “Mucho tiene que ver el tiempo en que ha transcurrido, porque hay un término de prescripción para que el adquirente de un inmueble pueda recurrir ante una autoridad y solicitar la indemnización o reparación del daño, no hay una fiscalía para estos asuntos, tienen que presentar una demanda civil para este conflicto”.

Comentó en el caso de San Luis Potosí se tiene casos como la Industrial Aviación, donde el terreno presenta irregularidades y las viviendas han presentado descomposturas, sin embargo esto nunca ha generado un asunto penal.