CIUDAD DE MÉXICO. Siete legisladores del PAN, PRD y PRI recibieron 80 millones de pesos como sobornos a cambio de impulsar la aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, promulgada en diciembre de 2013. Así lo asegura la denuncia de hechos para buscar el criterio de oportunidad que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuya copia obtuvo Grupo Imagen y dio conocer Ciro Gómez Leyva. Entre los beneficiarios de los sobornos enlistados por el exdirector de Pemex destacan Ricardo Anaya, entonces diputado con licencia; Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, y Francisco Domínguez, actual mandatario de Querétaro. Lozoya también afirma que el operador en el tema de los presuntos sobornos era el priista David Penchyna. Revela Emilio beneficiarios de sobornos

Entre los implicados están exsenadores, Ricardo Anaya y el extitular de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar; el monto suma 80 millones de pesos, según el expediente. Entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014, siete legisladores del PAN, PRD y PRI recibieron 80 millones de pesos como sobornos por la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto —promulgada el 13 de diciembre de 2013—, según la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República (FGR), para buscar el criterio de oportunidad. De acuerdo con un documento que tiene Grupo Imagen, y que Ciro Gómez Leyva presentó ayer en Imagen Noticias, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, dio detalles de los sobornos, los cuales presuntamente habrían sido solicitados por el entonces secretario de Hacienda. Luis Videgaray. Además, Lozoya relaciona en supuesto actos irregulares al exsecretario de Hacienda y exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya. También afirmó que durante la administración del presidente Felipe Calderón la petrolera Odebrecht entregó sobornos para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI. Los 80 millones de pesos que Emilio afirma se entregaron en efectivo fueron para los siguientes siete legisladores: El entonces diputado con licencia Ricardo Anaya y quien llegó a la candidatura presidencial del PAN en 2018; Miguel Barbosa, senador del PRD, actual gobernador de Puebla; el senador panista Ernesto Cordero; el senador del PAN Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro; el senador Jorge Luis Lavalle; al senador del PRI David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, y el senador del PAN Salvador Vega. Una parte de los 80 millones de sobornos para la Reforma Energética se entregaron en siete fechas distintas, según la denuncia de hechos para buscar el criterio de oportunidad. Una de 10 millones; tres de 12 millones 800 mil pesos; otra de 6 millones 40 mil pesos; una más de 13 millones de pesos y otra 900 mil pesos. Salvo la entrega de 900 mil pesos, que fue en la Torre Hares de Ejército Nacional, todas las demás se hicieron en Montes Urales 425, en las Lomas de Chapultepec.

En su denuncia de hechos, el extitular de Pemex aseguró que el entonces presidente Peña Nieto y Videgaray lo mantuvieron como operador en el tema de los presuntos sobornos a David Penchyna, priista, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, quien, según ese documento, a la mayor parte de las reuniones llegaba acompañado de sus colegas Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. En su denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, Emilio “L” precisó las cantidades que supuestamente recibieron Ricardo Anaya: 6 millones 800 mil pesos y David Penchyna, 6 millones, en este único caso, con fecha del 17 de septiembre, 2014. Pero no así ninguno de los otros legisladores señalados por el exdirector de Pemex. Según el texto, de Hacienda recibió la orden “de recibir al senador Miguel Barbosa Huerta y atender sus peticiones, las cuales consistían en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la Ciudad de México… De no ser así, armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética, así como la entrega de 100 mil dólares”. El criterio de oportunidad que busca Emilo “L” con esta denuncia es acusar a un superior, en este caso al expresidente de México o al exsecretario de Hacienda. En el mismo documento, Lozaya asegura que la petrolera Odebrecht y Braskem le debían dinero al grupo de Ernesto Cordero, el cual les sería pagado por conducto del entonces secretario de Hacienda, únicamente si les garantizaban la continuidad del contrato de Etileno XXI. “Dicho contrato —sigue la denuncia— fue firmado en el año 2010, con amplias desventajas para Pemex. Esta situación fue aprovechada por Hacienda para condicionar la entrega de dichos recursos a cambio de que efectivamente votaran a favor de las reformas estructurales, incluyendo la energética, la cual fue aprobada y promulgada el 20 de diciembre (sic) del 2013, y las leyes secundarias el 11 de agosto del año 2014”. Afirmó que en una reunión en febrero del 2013, Luis Weyll le comentó que Odebrecht-Braskem habían entregado sobornos en los años 2010 y 2011, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI. “Quienes ayudaron a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerdo escuchar que se le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El conejo, sin tener conocimiento de a quién se referían”, escribió Emilio “L”. Etileno XXI

En su narrativa, afirmó que “cuando a Odebrecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo, para ser entregados a legisladores, que indicaban el exsecretario de Hacienda y el presidente Peña. El dinero era entregado por Luis Weyll, y se llevaba a las oficinas alternas antes referidas, lugar en donde los legisladores enviaban por él. Tengo conocimiento, que con motivo de la continuidad del contrato Etileno XXI, bajo la administración del presidente Peña Nieto, se entregaron durante el año 2014 aproximadamente 84 millones de pesos adicionales a los ya antes referido, de los cuales, $32,000,000.00 fueron entregados a Luis Vega Aguilar, entonces Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y $52,390,000.00, adicionales a los mismo legisladores de oposición anteriormente referidos”. Según el documento en poder de la FGR, el dinero que entregó la empresa Odebrecht para los sobornos a los políticos mexicanos fue operada por una mujer que identificó como Fabiola Tapia, quien se encargó de depositar cinco millones 951 mil 351 dólares en una cuenta del Neue Bank, a través de una empresa denominada Zecpan, S.A. y ella misma lo trajo a México en efectivo para ponerlo a disposición de Videgaray, que a su vez fue indicando cómo se debía distribuir. Fundamento legal

Bases de criterios de oportunidad, según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 256. Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual deberá dejarse constancia.

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualqueira de los siguientes supuestos.

V. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio.

Artículo 257. La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público se sustentara en alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, sus efectos se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones.

-- EXCÉLSIOR