Hace 50 años académicos franceses acuñaron el término de “El Derecho a la ciudad”, ahora con la declaratoria de las Naciones Unidas en 2016 “Hábitat III”, a nivel mundial se recupera la preocupación por preservar, rescatar o garantizar los derechos humanos fundamentales en la ciudad, aunque también se habla de reconocer el derecho que tenemos las personas para construir nuestra ciudad.

En el ámbito académico, no existe consenso en definir y precisar las implicaciones de El Derecho a la Ciudad, incluso se habla de cuestiones semánticas para establecer diferencias entre éste y El Derecho EN la Ciudad; lo anterior a partir de reconocer que los derechos a la vivienda, la salud, el agua, la libertad entre muchos otros ya están garantizados,  por ello se deben resguardar y mejorar EN la ciudad. A nivel político, se comienza a señalar este derecho en leyes y discursos, nuestra nueva ley de desarrollo urbano incluye este concepto en congruencia con la ley nacional.

En otros análisis, se observa cómo han evolucionado los derechos que se reconocen, a partir de exigencias ciudadanas que van surgiendo de acuerdo con momentos históricos, por ejemplo, todos los derechos humanos en México, o particularmente el derecho a que las mujeres pudieran votar a mediados del siglo pasado; todos estos y muchos más han sido resultado de cambios, exigencias y movimientos. Nuestra Carta Magna reconoce un derecho al libre tránsito, pero con los problemas que ahora tenemos en la ciudad debemos buscar que se reconozca el Derecho a la Movilidad en México.

El Derecho a la Movilidad no es lo mismo que el libre tránsito, el primero representa la garantía de transitar; sin embargo, si bien somos libres de ir por cualquier lado como mexicanos, las manifestaciones aunque sean muy legitimas afectan a terceros, la falta de infraestructura, la construcción de obras, la falta de diseño urbano, la misma ingeniería nos evita poder transitar de forma segura o continua como peatones o ciclistas, -que representan una minoría-, y que deben de tener igual derecho al espacio como todos los que manejan autos; es decir, necesitamos garantía de Derecho a una Movilidad activa.

El Derecho a la Movilidad implica una distribución equitativa del espacio para las diferentes formas, o al menos para las cuatro principales, el peatón, el ciclista, el transporte público y el motorizado particular; esto es un espacio democrático.

El Derecho a la Movilidad implica la posibilidad que las personas en condiciones diferentes o especiales como las que se desplazan en sillas de ruedas o las necesidades de los adultos mayores deben de ser cubiertas, no sólo con rampas en las esquinas, sino con suficiente espacio o equipamiento especial como elevadores en pasos a desnivel (eso ya existe en otras ciudades); esto es la inclusión en la movilidad.

El Derecho a la Movilidad implica además del libre tránsito, la garantía de desplazarnos en áreas iluminadas, que conecten dos puntos para facilitar nuestras relaciones y convivencia en condiciones que no atenten nuestra persona o nuestros bienes; es decir por ejemplo, tener espacios seguros y dignos para caminar, andar en bicicleta o en auto independiente de la hora; esto es la seguridad en la movilidad.

Existen nuevos problemas en nuestras ciudades que se han convertido en exigencias y que están afectando nuestra calidad de vida, el derecho a la ciudad está en ley, pero su garantía es muy vaga, sin embargo, el derecho a nuestra movilidad o específicamente a nuestra movilidad activa, se ha convertido en una exigencia que debe ser garantizada, ya que la falta de ello atenta a nuestra productividad, seguridad y bienestar; debemos tener nuevos derechos en la ciudad, El Derecho a la Movilidad.