La movilidad en la ciudad ya comenzó a generar un costo significativo en la economía.

El tiempo que dedicamos a los traslados ha aumentado drásticamente los últimos cinco años, de 15 minutos en promedio a 50 minutos, ¡más del doble!. Lo cual ha generado que las personas se tengan que levantar antes para llegar a tiempo a su trabajo, restando tiempo a su descanso, dedican menos tiempo a su familia y más a estar sentados en el transporte público o en el automóvil, afectando también su estado emocional.

El tiempo aumenta aún más cuando se registra una lluvia o se realiza una manifestación; en algunos casos se duplica o “simplemente” se pierde el día al limitar nuestro derecho constitucional a transitar libremente, se afecta el derecho a la movilidad.

Derivado del aumento en el tiempo de traslado, se genera un costo ambiental, económico y de calidad de vida; el primero, porque al estar más tiempo el automóvil en tránsito y prácticamente detenido, genera altas cantidades de bióxido de carbono; en el segundo caso, las personas afectan su economía pues pagan el costo que vale su tiempo, porque llegan tarde a su trabajo les descuenta de su ingreso, cuando existe un retraso en un camión de personal o en la llegada de las mercancías, los costos son cubiertos por las empresas; en el tercer caso, existe una afectación en el estado de ánimo, en el estrés y en la felicidad de una persona.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la congestión vehicular en 32 ciudades de México cuesta 94 mil millones de pesos al año, los habitantes de la Ciudad de México pierden cerca de 3.3 millones de horas-hombre al día, que representa 33 mil millones de pesos al año, equivalente al presupuesto anual de la UNAM, en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí se pierden 1,101 millones de pesos al año, simplemente en la zona industrial se pierden 5 millones de pesos por día. Estos costos ya afectaron la competitividad de nuestra ciudad, en el último reporte San Luis Potosí perdió cuatro posiciones.

El reto en nuestra ciudad, como en otras, es disminuir el tiempo de traslado, para bajar los pérdidas de la movilidad, diversificar el presupuesto público (ocho de cada 10 pesos se invierte en la movilidad para el auto); generar infraestructura para otras alternativas de movilidad (aún no tenemos una ciclovía en condiciones o un transporte masivo operando); ejercer nuestro pleno derecho a la movilidad, regular las manifestaciones.

El Congreso del Estado debería de trabajar en generar las condiciones normativas e institucionales para garantizar nuestro derecho a la movilidad, a desplazarnos con seguridad, contar con infraestructura y no afectar nuestra economía y calidad de vida.