Una propuesta ciudadana comenzó a circular entre las redes sociales con motivo de los pasados terremotos del mes de septiembre y sus devastadoras consecuencias: que el financiamiento a partidos políticos se destine a la reconstrucción. A esta propuesta respondieron los partidos políticos, pensando en el corto plazo de ganar simpatías rumbo al 2018, como si de una subasta se tratara: unos darían el 20%, otros el 25% y no faltó quien subiera la apuesta a 50% e inclusive a eliminar totalmente el financiamiento público y además incluyera en su oferta eliminar plurinominales. Caer en la provocación de quien propone la eliminación al 100% del financiamiento y de los plurinominales sería un error de perspectiva que puede resultar sumamente costoso para la endeble democracia mexicana. En primer lugar, porque los poderes fácticos –con recursos económicos amplios- pueden establecer relaciones más fuertes de las que ya tienen con los partidos y la representación de la ciudadanía –si bien débil hoy- se trasladaría hacia estos grupos poderosos, de manera que los ciudadanos quedarían aún más lejos de ser los beneficiarios de las decisiones políticas. En segundo lugar, porque la eliminación de los plurinominales llevaría a eliminar toda representación de propuestas políticas alternativas a la de los poderosos y al no disponer de los recursos para sostenerse se cerraría toda posibilidad para equilibrar los intereses a favor de los ciudadanos o de otros grupos. En todo caso, las discusiones que se deben dar de manera obligada pasan por cambios no tan radicales pero que pueden ser altamente efectivos, tales como: el fortalecimiento de la fiscalización a los recursos utilizados por los partidos y de las sanciones por la violación a la ley, la disminución del financiamiento público, un cambio radical en las formas de hacer campañas para virar de la promoción personal hacia proyectos de gobierno, aprovechamiento de nuevas tecnologías y formas discursivas. No menos importante es la discusión sobre el presupuesto de los tres órdenes de gobierno, se debe modificar la racionalidad del gasto, disminuyendo la propaganda gubernamental que se acostumbra hoy –una forma que sólo habla de la falta de imaginación y creatividad para comunicar lo que se hace- y por supuesto, combatir la corrupción y el desvío de recursos, así como el gasto irracional en asuntos superfluos que no contribuyen a la generación de bienes públicos ni de mejores condiciones de vida para los ciudadanos.   Estas son las discusiones obligadas en que se deben comprometer los partidos políticos si quieren realmente colaborar a hacer de México un país mejor. A los ciudadanos corresponde impulsar esta agenda sin caer en salidas falsas que pueden ser más costosas que el problema que se pretende solucionar hoy.