San Luis Potosí, México (11 mayo 2018).- Los diputados locales en San Luis Potosí, a través del uso de empresas “fantasma” para comprobar gastos legislativos, están siguiendo los pasos del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien hoy se encuentra encarcelado acusado de corrupción, declaró Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, en entrevista para WFM 100.1. Estos días, la organización Ciudadanos Observando dio a conocer el presunto desvío de más de 25 millones de pesos de apoyos de gestoría, por parte de diputados, los cuales fueron facturados en 40 empresas “fantasma”, en cuyos domicilios fiscales hay casas abandonadas o ciudadanos que dicen desconocer sobre la existencia de dichas empresas. González Covarrubias señaló que este caso es muy similar al ocurrido en Veracruz, cuando se encontró que el ahora ex gobernador Javier Duarte facturaba millones de pesos por concepto de gastos de “difusión” y otros conceptos en empresas cuyos domicilios fiscales eran falsos o inexistentes. Comentó que en aquel momento, el ex gobernador de Veracruz daba el mismo argumento que hoy están dando los diputados potosinos, al señalar que no hay delito que perseguir, debido a que son empresas legalmente constituidas y con un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dijo que los responsables de estos actos de corrupción también son los partidos políticos, que no han procedido a investigar y a expulsar a estos diputados acusados de corrupción, únicamente Morena expulsó al diputado Jesús Cardona Mireles, sin embargo después un tribunal ordenó que se volviera a reconocer su militancia, sin embargo el resto no ha hecho nada. Mencionó que se han detectado empresas “fantasma” en viviendas donde viven personas de la tercera edad, que dicen no saber nada respecto de las facturas emitidas a favor del Congreso del Estado; además de casos como el de los diputados Sergio Desfassiux y Esther Angélica Martínez, quienes facturan en una empresas cuya dirección es una casa abandonada e incluso se señala que los supuestos proveedores son del estado de Aguascalientes.