La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) importó 4 ametralladoras y 56 fusiles alemanes que armaron, hasta 2015, a la Policía de Iguala, una de las corporaciones municipales cooptadas por Guerreros Unidos, grupo criminal vinculado al trasiego de heroína hacia Chicago. Las ametralladoras MP5, así como los 54 fusiles G36V y los 2 36KV fueron fabricados por la firma alemana Heckler & Koch (H&K), que con la mediación de la Sedena violó la ley de su país para colocar entre 2006 y 2011 armamento en lugares restringidos. Tres de esos fusiles fueron disparados en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, específicamente en el cruce de Periférico y Juan N. Álvarez, donde además Aldo Gutiérrez resultó herido y quedó en estado vegetativo. Las leyes alemanas impedían a H&K vender armas que terminaran en Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas por considerarlas zonas conflictivas. Sin embargo, según facturas de la Sedena, entre 2005 y 2011 esas entidades pagaron en su conjunto 98.3 millones de pesos, más IVA, al Ejército por 5 mil 3 fusiles de los modelos G36V, G36KV y G36C1, que la institución castrense previamente había comprado a Heckler & Koch. Guerrero pagó, entre 2006 y 2010, 39.4 millones de pesos por mil 936 fusiles, y Chihuahua hizo lo mismo entre 2007 y 2009, con un monto de 48.6 millones de pesos por 2 mil 304 fusiles. En tanto, entre 2005 y 2011 Jalisco erogó 2.9 millones de pesos por 202 fusiles, mientras que Chiapas destinó, entre 2006 y 2009, 7.4 millones de pesos por 561 fusiles. Las armas, algunas de ellas automáticas, incluían diversos aditamentos, como visores ópticos de tres aumentos, cargadores adicionales para 30 cartuchos o culatas plegables. Tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, 54 policías de Iguala, incluido su jefe, Felipe Flores, fueron detenidos por participar en el operativo que orquestó Guerreros Unidos aquel 26 de septiembre. Peritos de la PGR reportaron en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/1340/2015 que esa noche fueron accionadas tres armas G36V, adscritas a la Policía de Iguala mediante la licencia colectiva número 110. Las armas tenían las matrículas 83-012602, 83-004485 y 83-012585, las cuales, según el listado del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos --incluido en el expediente del Caso Iguala de la PGR--, estaban asignadas a Luis Francisco Martínez Díaz, José Vicente Flores y Fabiola Amatleco Soberanis. Un año después de los hechos de Iguala, el Ejército retiró los fusiles de H&K de Guerrero "para evitar señalamientos al Estado mexicano".

Inicia juicio en Alemania Por la venta ilegal de armas a México, hoy iniciará en Alemania un juicio contra seis empleados de la fabricante Heckler & Koch. La acusación de la Fiscalía incluye una declaración anónima de un supuesto soborno al General en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, cuando era titular de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Sedena. Según el testimonio, el soborno consistió en 25 dólares por cada fusil y 20 por cada arma corta colocada en Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Chiapas, estado restringidos por las leyes alemanas. La familia del normalista de Ayotzinapa Aldo Gutiérrez, quien quedó en estado vegetativo tras el ataque en Iguala del 26 de septiembre de 2014, intentó participar en el juicio, pues se comprobó que fue usado un fusil G36V de H&K en la zona donde resultó herido.  La petición fue negada, con el argumento de que el juicio es por violaciones a tratados mercantiles, no por el daño particular a personas. Mientras en Alemania el juicio iniciará por denuncias hechas en 2010, en México la Sedena confirmó mediante una solicitud de información que no tiene ningún proceso penal o administrativo contra Guillermo Aguilar.