Organizaciones civiles difieren sobre el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Enrique Peña Nieto de contar con un Fiscal General para el 1 de diciembre. "Hemos sido muy reiterativos de los riesgos de no reformar el 122 constitucional y de favorecer una decisión no a través de un mecanismo plural. Sí se corre el riesgo de un Fiscal a modo, un Fiscal que se está decidiendo por un Senado que está en manos del Gobierno entrando, que aprobará al que tú quieres, sabes que te los van a palomear. "Antes, la diversidad en las Cámaras permitía un mínimo de fricción que llevaban a que se plancharan los nombramientos, entonces seguimos demandando que se mande una terna objetiva y no alguien que vaya a depender del Ejecutivo", pidió el director de Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas. Sin embargo, Samuel González, de Alto al Secuestro, apuntó que los ciudadanos no pueden asumir las funciones del Estado, sólo garantizar que éste haga bien su trabajo, sin importar si es cercano al Presidente en turno. Por ello, consideró que es urgente la designación del Fiscal General, y celebró que López Obrador y Peña Nieto se pusieran de acuerdo. "La independencia del Fiscal y la institucionalidad de la Fiscalía no dependen totalmente de quien designa. Para nosotros, el control político en la designa del Procurador sí ha funcionado, y la prueba es que la presión ha impedido que se nombren a procuradores, y hay muchas maneras de designar a los fiscales, y lo importante es que con la participación social se ejerza un control político ", apuntó.