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Múltiples denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de programas sociales del Gobierno Federal, algunos de ellos pudieran ser relevados
02:05 martes 29 octubre, 2019
San Luis
La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene en su poder alrededor de 100 denuncias en contra del coordinador estatal de Proyectos del Bienestar, Gabino Morales Mendoza, por presuntos despidos injustificados, desvío de recursos y utilización de programas federales con fines electorales y es la misma secretaría la que ya investiga a otros nueve superdelegados a nivel federal, según dio a conocer la titular de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. Fue Juan Rubio Trejo, coordinador de Morena en la zona Huasteca, quien presentó estas 100 denuncias ante la SFP, en contra de Gabino Morales, por lo que GlobalMedia lo contactó y, en entrevista, reveló que el superdelegado potosino podría ser relevado por el diputado Ricardo del Sol, por Sergio Serrano, por José Antonio Lorca Valle o por Leonel Serrato, según le han confirmado diputados federales de Morena y gente allegada a la delegada federal de los Programas del Bienestar en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Entre las irregularidades que se mencionan en las denuncias presentadas ante la SFP está que algunos miembros de Morena, con consentimiento de Gabino Morales, estaban condicionando los programas sociales para pedir el voto a favor de algunos políticos, como ocurrió en Tampacán en donde Sandra Ibeth Gutiérrez Villarreal, estaba pidiendo el voto para su esposo, que era candidato de Morena, a cambio de garantizarle apoyos sociales a la gente. Las denuncias señalan que lo mismo ocurría en Aquismón con un operador de Gabino Morales de nombre Magdaleno Calixto; en Matlapa con Catarino Hernández Antonio y en Salinas con Sergio Martínez Martínez. “Es no me pareció y le dije a Gabino y, en lugar de darme respuesta, me dijo que dejara pasar las cosas”, narró el entrevistado. Otra irregularidad que se reportó a la SFP es el desvío de recursos de programas del Gobierno Federal, ya que, asegura, que cuando los beneficiarios de programas sociales iban y cobraban sus apoyos, les decían que estos ya habían sido cobrados y se detectó que eran los Servidores de la Nación los que cobraban esos recursos; además se detectó que en Villa de Reyes se vendían tarjetas del Bienestar a 5 mil pesos cada una. Rubio Trejo denunció también que Gabino Morales envió a uno de sus operadores, Jorge Arreola, a negociar con empresarios de la Huasteca Norte y Sur para que despidieran a todo su personal y sus empresas las llenaran de jóvenes becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y, a cambio del ahorro en nómina que iban a tener en sus empresas, les pedían cuotas de entre 800 a mil pesos, tanto a los empresarios como a los becarios. Respecto de los apoyos a personas con discapacidad, dijo que están empadronando a personas que ni siquiera tiene una discapacidad y, por el contrario, están sacando del programa a gente que sí lo necesita, ya que se puso como requisito que, gente de la Huasteca tenga que acudir hasta la capital potosina o a Tampico para recibir un certificado que los acredite como personas con discapacidad y al no poder ir a tramitarlo, no les están dando el apoyo. El coordinador de Morena en la Huasteca acusó también que Gabino Morales está quitando apoyos sociales a los municipios cuyos alcaldes no compaginan con él, además de que despidió injustificadamente a alrededor de 70 Servidores de la Nación, que eran allegados a Juan Rubio, por el simple hecho de que tuvieron diferencias personales, luego de que a este último no le pareció la forma en que se manejaban los programas sociales. ¿CUÁLES SERÍAN LAS CONSECUENCIAS? La semana pasada, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, confirmó ante diputados federales que se estaba investigando a 10 superdelegados, específicamente de los estados de: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. El investigador de la organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Ricardo Alvarado Andalón, explicó que el uso de programas sociales con fines electorales ya está tipificado como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a una reforma hecha en el actual gobierno federal, por lo que Gabino Morales podría ser encarcelado, en caso de que se encuentren elementos que prueben estas afirmaciones, sin embargo, dijo ver poco probable que ello ocurra. El experto explicó que comprobar que un programa social se usó con fines electorales es muy difícil: “a menos que haya un evento que tenga logotipos del partido o que la imagen del candidato esté en las tarjetas donde entregan los apoyos, de lo contrario difícilmente se puede lograr”; por lo que el experto consideró que lo más que podría ocurrir es que sea destituido de su cargo o inhabilitado para ocupar cargos públicos durante determinado tiempo. Alvarado Andalón dijo que, de comprobarse responsabilidad de los 10 superdelegados que están siendo investigados, se estaría comprobando, en primer lugar que los programas sociales no funcionan, debido a que no tienen los suficientes candados para que esto no ocurra, y en segundo lugar que el modelo administrativo, en el que se concentran las decisiones en un superdelegado tampoco fue el más acertado, dado que ello podría estar dando pie a que estos actos de corrupción ocurran, por lo que dijo que se requieren más mecanismos de rendición de cuentas en torno a estos programas. GlobalMedia también buscó al coordinador Gabino Morales, con el fin de obtener su versión de los hechos, sin embargo, este no atendió a la solicitud, sin embargo, tras la noticia de que la SFP lo investigaba, este emitió un comunicado en el que dijo estar dispuesto a comparecer ante la dependencia para esclarecer estas acusaciones y negó haber incurrido en actos de corrupción.